El Gobierno de Cantabria no contempla incluir el sacrificio cero en su Ley de Protección y Bienestar Animal, todavía en fase de Anteproyecto de Ley.
En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha dado a conocer las intenciones del Gobierno PRC-PSOE tras haber obtenido respuesta a las alegaciones que la formación de izquierdas presentó en noviembre de 2017 a través de su portavoz autonómico, Miguel Saro, y la representante del área de protección animal de IU en la comunidad, Victoria Cedrún.
En primer lugar, desde IU destacan la “poca diligencia” que el gobierno bipartito está teniendo a la hora de sacar adelante esta Ley y “no confían en que vaya a salir adelante durante esta legislatura”, dado que “no es la única que va con retraso”.
Y citan como ejemplos de este retraso el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), la ‘Ley de Cantabria de Garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género’ o la ‘Ley de Memoria histórica’.
Respecto al contenido del Anteproyecto de Ley de Protección Animal, Leticia Martínez muestra “su decepción” ante la falta de “ambición en la defensa y protección de los animales” que, a su juicio, denota la respuesta que el Gobierno autonómico da a sus alegaciones.
Y es que desde Izquierda Unida realizaron 23 alegaciones, destacando el sacrificio cero y sin exclusiones o que la norma “sacase de la impunidad administrativa del maltrato” a determinados colectivos de animales como la fauna salvaje capturada incluso con fines distintos a la caza, o el de animales usados para experimentación, incluso cuando el maltrato no está justificado por las propias necesidades de la experimentación.
Asimismo, en sus alegaciones se refieren a la exclusión de esta ley de los espectáculos taurinos no reglados pero autorizados, excepciones “inadmisibles” que implican la “renuncia” del legislador a regular espacios en los que se produce el maltrato animal de forma habitual y pública, y también a hacer “pedagogía social” sobre el maltrato.
Entre las cuestiones planteadas por IU que sí son aceptadas para su inclusión por parte del Gobierno se encuentra la prohibición de corte de rabos –que ya es obligatorio a nivel estatal desde febrero de 2018-, el reconocimiento de las asociaciones dedicadas a la protección y defensa de los animales como parte interesada en los expedientes sancionadores incoados conforme a esta Ley, o ciertos aspectos de control de colonias de gatos y campañas CES (Captura/Esterilización/Suelta) y los relativos a la limitación de movimientos de los animales.
A la espera de cómo se desarrolle todo el trámite hasta su aprobación como Ley, desde IU consideran que el Gobierno ha aceptado “cuestiones importantes pero menores” respecto a las alegaciones presentadas por la formación de izquierdas y que el avance en la protección animal será, por tanto, “mínimo”.
“No han aceptado el sacrificio cero o la inclusión de colectivos animales ahora excluidos del maltrato pero tampoco las propuestas que hicimos en materia de sensibilización o denuncia”, criticaba Martínez.
Entre las proposiciones que defiende IU y que no han sido aceptadas por el Gobierno se encuentra la consideración de un animal como abandonado cuando sus dueños lo hayan dejado encerrado y sin, de cara a la toma de medidas para su protección.
En el apartado de sensibilización, IU pide que no se presente a los animales como objetos de consumo o premio, o que se advierta de las consecuencias para el medio ambiente de la adquisición de animales de fauna salvaje y/o exótica, algo que tampoco ha sido contemplado por el Ejecutivo PRC-PSOE.
Ante este escenario, IU también ha llamado la atención de que la “falta de compromiso” del Gobierno “no sólo se ve en el contenido de la Ley”, sino también en los recursos económicos que ésta obtendría, atendiendo a los antecedentes.
“La Ley nacerá muerta ya que los presupuestos para 2018 sólo contemplan 26.000 euros en la partida de ‘protección de los animales’, de los cuales, 15.000 corresponden a la feria de adopción de Torrelavega, lo que hace inviable que el Gobierno aplique esta ley”, ha sentenciado.
[Audio]
Leticia Martínez, coordinadora de IU Cantabria: