La petición de Izquierda Unida de Cantabria sobre el permiso de investigación minera ‘Salia’ consigue que el Parlamento Europeo se posicione a favor de pedir explicaciones al Gobierno autonómico.
En la tarde del lunes, el dirigente de IU Israel Ruiz Salmón defendía en Bruselas la posición de su formación en relación a las prospecciones mineras en Cantabria, argumentando “los inconvenientes, riesgos y conflictos” que esta actividad supondría.
Así, Ruiz Salmón alegaba el riesgo “cierto” que supone la minería para el patrimonio rupestre de Cantabria, en concreto, señalaba la situación de Altamira, Patrimonio de la Humanidad desde 1985, en el área de influencia de ‘Salia’, reclamando la vigencia del principio de precaución ante un agente “cultural e histórico de nivel mundial”.
Al término del debate y después de que la Presidencia de la Comisión de Peticiones comprobara la falta de información fehaciente sobre el proyecto minero, Ruiz Salmón aseveraba que “el Gobierno de Cantabria no puede esperar ni un minuto más para dar explicaciones públicas sobre lo que se quiere hacer en la mina”.
“Si no lo hace por un mínimo respeto a los cántabros a los que se debe, ahora lo tendrá que hacer porque se lo exigen las instituciones europeas”, manifestaba el dirigente de la formación de izquierdas, quien lamentaba el “bochorno y la vergüenza a la que somete el Gobierno de Revilla a los cántabros al tener que acudir a Bruselas o los tribunales para conocer sus planes para esta tierra”.
DÉFICITS NORMATIVOS Y CIFRAS SOBREDIMENSIONADAS
En su intervención, Israel Ruiz Salmó expuso los “déficits normativos” de Cantabria para albergar esta actividad económica, incluyendo la “preconstitucional y obsoleta Ley de Minas española”, de 1973, la ausencia de un Programa autonómico de Investigación Minera o de un Plan Regional de Ordenación del Territorio y la modificación “ad hoc” de la Ley del Suelo a la par que se tramitaba el Tratado de Libre Comercio con Canadá (conocido como “CETA”) y se adjudicaba el permiso a la canadiense Emérita Resources.
En relación a los aspectos económicos, el proponente recordaba las “sobredimensionadas” cifras de generación de empleo dadas por la empresa y el Gobierno autonómico, entre 1500 y 2000 puestos, y que, según aseguran, “están fuera de toda realidad”, ya que para producir la mitad de mineral que, en 2003, los promotores afirman la creación de entre cuatro y cinco veces más empleo que entonces.
Asimismo, llamó la atención sobre los impactos negativos “demostrados empíricamente” que la minería tiene sobre otras actividades como la agricultura, la ganadería, el comercio, la hostelería y el turismo “tan arraigados en Cantabria”.
Con estos y otros argumentos, IU consigue el posicionamiento de la UE que pedirá ahora al Gobierno cántabro toda la información necesaria para seguir profundizando, sin posibilidad de negación de información por parte del Ejecutivo autonómico.