Izquierda Unida de Cantabria (IU) ha instado al presidente regionalista, Miguel Ángel Revilla, a que impulse una investigación sobre los contratos que las Consejerías del PRC han realizado con las empresas señaladas por sus irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).
En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez considera que esta investigación es “más necesaria que nunca” a la luz del informe interno del Servicio Cántabro de Salud que se ha conocido esta semana.
Un informe que, ha detallado, “confirma que empresas adjudicatarias del Servicio Cántabro de Salud funcionaban como una sola empresa, con mismo administrador y haciendo el mismo proyecto, pero obviando la competencia con otras al beneficiarse del fraccionamiento de contratos que permite adjudicaciones directas”.
Además, ha añadido, la investigación interna constata los “pagos fantasma” por servicios que todavía no se habían ejecutado, sin que se hubiera comprobado.
Martínez ha recordado que su partido ha podido comprobar que esas mismas empresas también han realizado trabajos con consejerías gestionadas por el Partido Regionalista de Cantabria como la de Innovación o de Obras Públicas “en las mismas condiciones y con las mismas prácticas” que con el Servicio Cántabro de Salud, es decir, valiéndose también de la misma fórmula de dividir un contrato en varias fases de forma que cada una se adjudicara por sí sola de forma directa a través de un contrato menor en lugar de sacándolo a concurso.
“Resulta evidente que si un informe del Gobierno ha certificado esas malas prácticas, habrá que vigilar si se están produciendo en más departamentos, sobre todo a la vista de la alarma social creada”, ha apuntado Martínez, quien ha pedido a Revilla que “despeje cualquier tipo de duda sobre la gestión del PRC ahora que ya ha conseguido que sus socios del PSOE estén en cuestión”.
“La limpieza de las instituciones no debe entender de problemas internos de relación entre los socios de gobierno”, ha aseverado.
En este sentido, Martínez se ha referido a los “contundentes” discursos televisivos de Revilla contra la corrupción, que ha cuestionado, recordando como “nunca ejecutó su propia promesa de crear una Oficina Anticorrupción en Cantabria: de hecho, su única aportación en materia de corrupción ha sido apartar al Interventor que criticó su gestión”.
Por tanto, le ha retado a que “si tan seguro está de la limpieza de su partido” y “si quiere demostrar que su lucha contra la corrupción es algo más que una frase que le diga a Trancas y Barrancas, lo mejor que puede hacer es iniciar una investigación interna de los contratos de sus consejerías con estas empresas”.
Finalmente, Leticia Martínez ha puntualizado que el informe del Servicio Cántabro de Salud, “elaborado por un exalto cargo del PP en Sanidad, por tanto, no sospechoso de ir contra los intereses de los populares”, refleja que algunas de estas prácticas se vienen remontando a 1999, cuando se produjo el derrumbe de Valdecilla, es decir, en la época de Gobierno del propio Partido Popular.
Porque para Martínez, detrás de las denuncias del PP no se esconde la “búsqueda de la transparencia y el buen gobierno”.
Al respecto, ha cuestionado el compromiso del PP contra la corrupción y por la limpieza de las instituciones, recordándoles como “consintieron” que Bárcenas fuera senador por Cantabria, pero también su apoyo al exalcalde de Astillero, pendiente de un juicio por prevaricación, y el hecho de que Sáenz de Buruaga mantenga en su equipo a César Pascual pese a que esté imputado en los tribunales por adjudicaciones en Madrid a Ferrovial, la misma empresa que gestiona servicios en Valdecilla.
Las empresas también han contratado con el PRC
En concreto, tal y como ha revelado IU, las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa han sido receptoras de adjudicaciones por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y también por la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ambas gestionadas por el PRC, observándose también la práctica de contratos fraccionados.
En concreto, ha citado dos contratos adjudicados en el último trimestre de 2017 y el primero de 2018 por parte la Consejería de Obras Públicas y cuyas obras se realizaron en el mismo municipio –Valle de Villaverde-, por la misma empresa –Gardenor-, con conceptos prácticamente idénticos –la construcción de parques infantiles- e inaugurados al mismo tiempo.
El coste de uno de los contratos es de 49.482,43 euros, cuando el límite que marcaba la Ley de Contratos Públicos vigente entonces, es decir, antes de marzo de 2018, era de 50.000 euros.
Según la documentación consultada por IU, también la empresa Iralia aparece como receptora de tres contratos menores por parte de la Consejería de Industria, cuya suma sobrepasa ampliamente los 50.000 euros permitidos por Ley, con conceptos idénticos –reparación de apartaderos-, dos de ellos en la misma ciudad (Santander) y el tecero en distintos términos municipales.
También se han detectado dos adjudicaciones para la realización de obras para la creación de rutas turísticas fechadas al tiempo en el Boletín Oficial de Cantabria y otorgadas por la Consejería de Industria a Gardenor y a Serincopsa.
El montante de ambas obras supera los 60.000 euros y se centran en rutas turísticas que habitualmente abarcan varios kilómetros y pueblos.
[Audio]
Leticia Martínez, coordinadora de IU Cantabria: