Izquierda Unida en Cantabria ha presentado alegaciones al proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo, entre las que incluye las ayudas por ataques a todo tipo de ganado, así como a explotaciones agrícolas de autoconsumo.
Hasta ahora, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no contempla al ganado equino y porcino ni a las explotaciones agrícolas, cuestión que “choca” con las palabras “vacías” que, a juicio de IU, pronuncia constantemente Guillermo Blanco de “protección al sector primario”. “Se ve que es más fácil ganar los oídos que realmente aplicar medidas que den cobertura a todas las familias ganaderas y agricultoras sin dejar a nadie atrás”, opina Israel Ruiz Salmón, coordinador de IU en Cantabria.
Para la izquierda cántabra, la existencia en la comunidad de especies silvestres de alto valor biológico que provocan perdidas de producción en las cosechas agrícolas, los aprovechamientos forestales y la producción ganadera “hacen necesario promover medidas de prevención”.
Sin embargo, a pesar de las aportaciones que IU ha realizado desde hace años para “blindar” al sector y garantizar su viabilidad, toda vez que las intenciones del Ministerio de Transición Ecológica de prohibir la caza del lobo en el norte de España “no son nuevas”, sino que se conocen desde, al menos, 2018. “Varios años engañando a los ganaderos con que nada iba a cambiar han supuesto un tiempo perdido para que el sector primario se adaptase a lo que venía y no llegar a un callejón con difícil salida de la que Blanco y el PRC son los únicos responsables”.
Las alegaciones de IU buscan que “de una vez por todas” se pongan en marcha un conjunto de medidas que permitan proteger, dentro de lo posible, los cultivos y las producciones más sensibles favoreciendo la realización de obras, equipamientos e infraestructuras que fomenten las medidas preventivas tendentes a minimizar los daños susceptibles de producirse por parte de las especies silvestres. “Nos hubiese gustado que fuera antes, pero para eso el gobierno debía haber hecho caso a las recomendaciones que ya les hicimos hace más de dos años”, añade Victoria Cedrún, también dirigente de IU y responsable de bienestar animal de la formación.
Ambos recuerdan que es competencia del Gobierno de Cantabria el establecimiento de medidas para garantizar la conservación de la fauna silvestre, dando cumplimiento al Decreto 34/1989 por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Oso Pardo en Cantabria y a la Orden MED/5/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria”.
Además, advierten de la necesidad de fomentar la aplicación de medidas de protección, para lo cual es prioritario favorecer la adquisición de elementos preventivos de los daños que puedan ocasionar el lobo y el oso.
Así, consideran que deberían ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones ganaderas del tipo de ganado bovino, ovino, caprino, apícola y también porcino, equino (especies que en la anterior Orden no se incluían) que figuren incluidas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de Cantabria (REGA) radicadas dentro del área de distribución de dichas especies, extendiendo además la ayuda a las explotaciones agrarias destinadas al autoconsumo.
Cedrún incide en que deberá ser subvencionable la adquisición de perros protectores y defensores del ganado de las razas mastín español y mastín del Pirineo, “así como los gastos de su identificación”, siendo el número de animales subvencionables por explotación variable en función del número de reses de la explotación ganadera, y distinguiendo entre si se trata de ganado menor o mayor. En este sentido, plantean subir de 300 a 500 euros la subvención para la compra de un perro.
Además, aboga por la obligatoriedad de que la persona interesada aporte la documentación relativa a los controles sanitarios realizados según la legislación vigente, la documentación acreditativa de la identificación del animal y su inscripción en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Cantabria (RACIC), evitando así que, como ha ocurrido en muchas ocasiones, estos perros queden fuera de la protección de la Ley de Bienestar Animal.
En sus alegaciones, el partido desarrolla las características técnicas que deberían tener tanto los pastores eléctricos como la instalación de vallados fijos, así como la cuantía de la subvención, o el número de pastores subvencionables en función del número de cabezas si se trata de ganado mayor o menor, el número de asentamientos en el caso de explotaciones apícolas, o en función de la superficie admisible declarada en la solicitud única de la política agraria comunitaria (PAC) del año 2020.
En cuanto a los criterios generales de valoración, proponen destacar de manera positiva a los titulares de explotaciones ganaderas que tengan contratada una línea de seguro ganadero que incluya como riesgos asegurables los ataques al ganado por animales silvestres.
Apuestan también por que la Orden señale el régimen de infracciones y sanciones aplicables, las alteraciones de condiciones que puedan dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, la obligatoriedad de las personas beneficiarias de someterse a actuaciones de comprobación y control, o la revocación de las ayudas concedidas, todo ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
“Es imprescindible dotar de dinero suficiente estas subvenciones para la prevención de los daños de estos dos grandes carnívoros y la necesidad de agilizar los pagos”, una reivindicación histórica en la que coinciden tanto las organizaciones conservacionistas frente a la matanza de lobos, como el sector primario por los daños sufridos.
Así mismo, reprocha al gobierno autonómico, que Cantabria es junto a Aragón y Cataluña, una de las comunidades que “no aprovecha las ayudas europeas previstas para prevenir los daños del lobo y el oso sobre la ganadería, perdiendo así la oportunidad de costear medidas preventivas indispensables para proteger la ganadería extensiva”.
Por último, la responsable de bienestar animal recuerda que todas las propuestas deben servir para que el gobierno autonómico cumpla con la obligación que tiene de garantizar la conservación de dos especies protegidas por la normativa europea, como son el lobo y el oso, debiendo impulsar su coexistencia con la ganadería”.
[Audio]
Israel Ruiz Salmón, coordinador autonómico de IU: