Izquierda Unida de Cantabria ha denunciado que las trabajadoras de ayuda a domicilio en varios ayuntamientos siguen sin ser vacunadas contra el coronavirus pese a su “elevado” nivel de exposición a la pandemia.
Son “las grandes olvidadas de la pandemia”, ha lamentado la responsable del área social de IU, Marian Suero, quien recuerda su carácter de “esenciales” durante el último año y también la “larga lucha contra la precariedad que llevan acumulada”.
La izquierda cántabra subraya que se trata de un servicio que es gestionado por varias empresas privadas, que reciben financiación del ICASS (el Instituto Cántabro de Servicios Sociales), los ayuntamientos y los propios usuarios.
“Unas inyecciones de dinero público que no sirven para que se tome conciencia de que las trabajadoras -es un sector mayoritariamente feminizado-, prestan un servicio público”, ha aseverado, recordando que el avance de la campaña de vacunación en las residencias no afecta a este colectivo que se desplaza a los domicilios de los mayores o dependientes para atenderles.
En este sentido, Suero ha hecho hincapié en que han cumplido con esa función “vital” de “cuidar a los que más lo necesitaban, a los más vulnerables al virus” y que muchas veces se encontraban “en situación de soledad”, o “en los peores momentos, cuando teníamos más miedos que certezas” y cuando “ellas mismas se exponían al contagio o de sus familiares”.
“Fueron alabadas por la opinión pública y por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales”, ha remarcado la representante de IU, que ha contrapuesto ese “presunto apoyo” con la “falta de interés por protegerlas”.
Tal y como ha detallado, en enero se iniciaron los contactos para confeccionar los listados de las auxiliares y así proceder a su vacunación como personal sociosanitario de atención directa, “pero ha llegado finales de marzo y tres meses después no se ha avanzado en esta gestión”, pese a la insistencia de los municipios implicados.
Suero ha incidido en que las auxiliares de ayuda a domicilio acuden a una media de cinco o seis viviendas cada día para asistir a personas con las que tienen un contacto “estrecho”, ya que tienen que asearlas, o bien presentan demencias que hacen que rechacen las mascarillas o problemas auditivos que dificultan la comprensión.