Temen recortes y encarecimiento de servicios mientras se renuncia a conseguir ingresos que revertirían en las arcas públicas y en los vecinos
Izquierda Unida Campoo ha advertido de que la privatización de las piscinas se está traduciendo ya en más costes económicos para Reinosa, sin que el Consistorio esté siendo capaz, además, de generar más ingresos para las arcas públicas locales.
La formación ha realizado un análisis de las cuentas que hace que las explicaciones dadas por PP y PRC para justificar la privatización sean “cuanto menos, dudosas” y que les hace temer por recortes de servicios y encarecimiento de los que se presta mientras se renuncia a ingresos para las arcas públicas.
Desde IU, tras analizar el resultado económico de la instalación municipal durante los últimos ejercicios, se preguntan “dónde están los ingresos por los cursillos que allí se daban y que no aparecen reflejados en ningún sitio”.
Además, estos cursillos eran impartidos por una empresa “no especificándose qué tipo de contrato firmado tenían con el consistorio municipal y cuánto se ingresaba en las arcas públicas por el mencionado contrato”, añade la coordinadora de IU en la comarca, María Jesús Gutiérrez Balbás.
“Es por cuestiones cómo estás que las argumentaciones presentadas por el equipo de gobierno resultan, cuando menos, dudosas para justificar la privatización de la instalación”, insiste.
Del estudio de las cuentas también se desprende, indican, el pago por parte del Ayuntamiento de Reinosa de conceptos como la licencia de apertura y primera actividad, el IBI, las basuras, el alcantarillado y algunos gastos de explotación, entre otros. “Con la privatización, ¿los vecinos van a seguir pagando estos impuestos, se va a hacer cargo de ello la empresa adjudicataria o sólo de los beneficios?”, cuestionan.
Otro asunto que aflora en las cuentas de la piscina es que el Ayuntamiento menciona como gastos propios reparaciones que fueron pagadas con dinero proveniente del Gobierno de Cantabria, tal y como consta en los informes históricos que el propio equipo de Gobierno ha presentado.
Respecto al coste de personal, en el que PP-PRC defendían que se produciría ahorro con la privatización, Izquierda Unida señala que “no supone ni un euro de ahorro”, ya que todo el personal que trabajaba en las instalaciones de las piscinas se ha recolocado en otras instalaciones municipales, de modo que sus salarios seguirán pagándose desde las arcas del Consistorio.
Además, señalan que en el informe del Ayuntamiento de Reinosa se tarifa los cursillos que se impartirán a partir de ahora, “pero se les olvida mencionar el aumento de precios por la matrícula obligatoria” que se tendrá que pagar ahora, y que supone 18’15 euros que se suman al precio del cursillo. Desde IU critican que “el Ayuntamiento cargue sobre los vecinos las carencias de la gestión de la privatización”.
En este sentido, esperan que no se recorte en servicios a los ciudadanos, como por ejemplo los bonos de descuentos para familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que anteriormente existían.
Asimismo, desde Izquierda Unida Campoo muestran su “preocupación” al no contemplarse el servicio de rehabilitación con fisioterapeuta y monitor, que, constatan, no aparece en la nueva documentación presentada por el equipo de Gobierno.
LAS PISCINAS SON VIABLES “CON UN MÍNIMO DE CAPACIDAD E INTERÉS POLÍTICO”
Frente a esto, plantean propuestas para mejorar el uso de las piscinas a través de la gestión pública, como por ejemplo las clases de natación con fines terapéuticos, que en otras localidades tienen “gran éxito”.
Otras opciones que plantean son las clases con fines recreativos y lúdicos en el agua, dotar de un servicio de transporte que conecte ayuntamientos colindantes sin instalaciones similares a esta para que sus vecinos hagan uso de la misma, promocionar junto con Cantur esta instalación uniendo propuestas con el Campo de Golf y la Estación Invernal…
“La gestión pública de las piscinas es viable con un mínimo de capacidad e interés por parte de los políticos municipales”, afirma Gutiérrez Balbás, y recuerda que devolver a lo público su gestión es una demanda ciudadana, como se constató con la recogida de más de 1.250 firmas en apenas un mes.