Jorge Crespo, coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, se felicita de que la investigación penal por las actuaciones del Gobierno PRC-PSOE sobre el asunto GFB avance en la determinación de responsabilidades personales, y ayude a determinar si ha existido algo más que una pésima gestión del gobierno anterior.
Desde Izquierda Unida se congratulan de que, finalmente, el consejero de Economía durante ocho años, Ángel Agudo, haya sido imputado y así se avance en el proceso judicial que permita esclarecer el asunto GFB. “Ahora que se ha iniciado la labor instructora”, explica Crespo, “sólo queda esperar que la investigación ayude a determinar la responsabilidad de cada partícipe en aquel gigantesco fraude, y si es posible, recuperar del patrimonio de los responsables parte del dinero perdido”.
El coordinador de IU confía en que la acción de la justicia, aunque tardía, ayude a eliminar ya de la agenda de los partidos presentes en el parlamento el asunto y se ocupen de lo que realmente ocupa y preocupa a los ciudadanos cántabros, como es el desempleo y subempleo, el deterioro y pérdida de servicios públicos esenciales y la ausencia de un gobierno capaz de poner remedio a esta grave situación.
En este sentido, Jorge Crespo ha criticado duramente la tardanza de la actual administración del Partido Popular en llevar el asunto a los tribunales. A juicio del coordinador de IU, la comisión de investigación parlamentaria sobre GFB supuso un auténtico circo de tres pistas que no ha aportado nada relevante para la investigación penal ni para la determinación del daño sufrido por las arcas públicas, cuyo único objeto para el Gobierno popular era distraer a los cántabros de la desesperada situación actual y disimular su incompetencia hablándoles de los malos que eran los anteriores. Según Crespo, esto es una irresponsabilidad política, puesto que “los plazos cuentan mucho en términos procesales en perjuicio del ejercicio de la acción penal, y este retraso puede haber salvado a algún responsable de una futura merecida condena.”
El coordinador de IU ha insistido en que “sería lamentable que por intentar distraer la atención durante el primer año de la legislatura, se haya perdido la oportunidad de perseguir penalmente a los culpables”.