Izquierda Unida cuestiona a los tres partidos con representación parlamentaria porque a su juicio han entrado en una partida de frontón con la cuestión de la fractura hidráulica, sin cuestionarse que todos han sido juez y parte en el proceso; PRC y PSOE sin asumir su responsabilidad y cambiando su postura ahora en la oposición; y el Partido Popular con una posición en Cantabria y otra en el ámbito estatal.
Desde IU quieren recordar a las distintas formaciones que desde la concesión de los permisos para desarrollar el fracking todos han sido parte involucrada y que ahora juegan al doble discurso, donde las contradicciones y las incoherencias se hacen cada vez más patente para los cántabros. Para Izquierda Unida las posturas contrarias que ahora practican el partico regionalista y el partido socialista distan mucho de su postura mientras estuvieron en el ejecutivo cántabro, desde la organización recuerdan que cuatro de los cinco permisos se aprobaron durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que uno de ellos durante el bipartito PRC-PSOE.
Para el Coordinador Jorge Crespo la aprobación de la llamada “ley antifracking” no asegura la prohibición de la técnica en territorio cántabro, ya que la reciente modificación de la ley de hidrocarburos prohíbe fijar restricciones de carácter genérico sin motivarse, como acota la norma en Cantabria. Para Crespo la postura del ejecutivo autonómico y del Partido Popular “juega continuamente con las dobleces, aquí se defiende una postura contraria a la técnica y en el trámite de modificación de ley por la cámara alta los cuatro senadores del PP por Cantabria se posicionaron a favor, siendo incapaces de plantear una sola enmienda a la propuesta para que las autonomías puedan establecer limitaciones”.
Desde Izquierda Unida se seguirá trabajando para que el Estado sea territorio ‘libre de fracking’ y así proteger el patrimonio natural, el medio ambiente y la salud. Desde la formación se seguirá apostando por un cambio de modelo energético que permita un desarrollo sostenible, donde el elemento clave deberá ser el control público del sector energético para acabar con la constante de la “puerta giratoria” entre ambos ámbitos.