- Proponen planes específicos para mujeres que tuvieron que abandonar su empleo y un sistema educativo que ponga en valor los cuidados y la vida comunitaria
- Plantean bonificaciones para las empresas que reduzcan la jornada laboral sin disminución de los salarios y no contratar con quien no garantice la conciliación
Izquierda Unida lleva al Parlamento de Cantabria una proposición no de ley (PNL) sobre cuidados e igualdad, con el objetivo de reducir el agravamiento de la brecha de género en torno al empleo y los cuidados a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.
Lo hace a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara autonómica, en un texto en el que se recuerda la lucha feminista y las movilizaciones en torno a los 8 de Marzo.
Así, la coordinadora de Izquierda Unida, Leticia Martínez, enumera las “múltiples opresiones” que sufren en su día a día las mujeres cántabras, desde las mayores tasas de desempleo o precariedad, así como el mayor peso de los “indispensables” trabajos reproductivos y de cuidados.
Situaciones que se han recrudecido con las consecuencias del coronavirus: desde las dificultades parala conciliación con niños a raíz del cierre de los colegios o de los mayores con los cierres de los centros de día, pasando por las tasas de desempleo
“La cotidianeidad de la vida de la mayoría de las mujeres se desenvuelve en un suelo pegajoso que dificulta su autonomía económica y que está detrás de la feminización de la pobreza en la comunidad autónoma”, advierte.
“El trabajo en el hogar y de cuidados es la pieza angular que sostiene aquel que se desarrolla fuera, antes de la COVID y ahora; garantizar oportunidades para las mujeres y democratizar ambos espacios es fundamental para la sostenibilidad de la vida”, insiste.
LA PNL
En el texto se insta a impulsar planes y programas específicos para la recuperación del empleo de las mujeres que se han visto abocadas a dejar sus puestos de trabajo para afrontar tareas de cuidados de hijos y personas dependientes.
Se trata de promover la racionalización de horarios y la llamada «desconexión digital», mediante la creación e implementación de bonificaciones e incentivos para todas aquellas empresas que reduzcan la jornada laboral sin disminución de los salarios.
Igualmente, la PNL de IU aboga por promover convenios laborales marco con cláusulas que garanticen la igualdad de género en el ámbito laboral, incluida la igualdad de retribuciones en todos los conceptos y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Por tanto, no se procederá al registro de ningún convenio que contenga elementos discriminatorios por razón de sexo.
En la misma línea, proponen establecer un certificado de responsabilidad social que impida a la Administración cántabra la contratación con aquellas empresas que no respeten los derechos de las trabajadoras, que no garanticen la conciliación laboral y familiar o que hayan sido sancionadas por la autoridad laboral por incumplimientos graves, conforme a lo estipulado en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), o condenadas por sentencia de los tribunales de justicia por vulneración de derechos laborales o fundamentales de sus trabajadoras o trabajadores.
La Proposición No de Ley apuesta por “avanzar hacia la gestión directa” por el Gobierno autonómico de aquellos servicios públicos que han sido externalizados, cuya gestión actual se da en régimen de subcontratación con empresas privadas y los cuales concentran una amplia mayoría de mujeres trabajadoras.
Y se plantea instar, a su vez, al Gobierno central a derogar las reformas del mercado laboral de 2010 y 2012 y sus normas reguladoras: el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Además, se solicita que se elaboren informes anuales por parte de la Dirección General de Igualdad del Gobierno de Cantabria, en coordinación con la Dirección General de Formación Profesional y Empleo Permanente y las Consejerías de Economía y Hacienda y la de Empleo y Políticas Sociales, que estimen y cuantifiquen el valor económico del trabajo doméstico, incluido el cuidado de las personas, y difundir el resultado de dichas estimaciones en la sociedad cántabra, con el fin de dar a conocer y valorizar su importancia económica y social.
Finalmente, se persigue promover en el sistema educativo una cultura que, frente a los modelos individuales de éxito, ponga en valor los cuidados, la vida comunitaria, la gestión participativa y el uso compartido del espacio público, que contribuya a generar entornos donde sea fácil construir redes de apoyo mutuo, en condiciones de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
LAS CIFRAS
La PNL se remite a la última Encuesta de Empleo del Tiempo, que detalla que las mujeres dedican una media de 4 horas y 14 minutos a las labores del hogar y la familia, frente a las 2 horas que destinan los hombres.
No sólo eso, el cuidado de los hijos recae sobre las madres especialmente en el caso de los padres separados. En España el 14% de los progenitores con hijos a cargo son personas solteras y, de ellas, el 86% son mujeres y el 14% restante, hombres. Una buena parte de estos progenitores habrá estado obligada a renunciar al trabajo para cuidar a los hijos, especialmente si trabajan en sectores esenciales y están obligados a salir de casa. En total, el 10% de las madres que trabajan en sectores esenciales son solteras.
La indisponibilidad casi absoluta de servicios de guardería puede obligar a un número considerable de padres, madres o tutores a renunciar a su trabajo o a solicitar un permiso no retribuido.
Además, el 44% de las madres que trabajan en sectores esenciales tiene una pareja que también trabaja en un sector esencial, lo que supone que en estos casos se habrán visto obligados a elegir qué parte de la pareja renuncia al trabajo si sus horarios son incompatibles.
Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) en Cantabria demuestran que la tasa de desempleo de las mujeres (11,8%) es superior a los hombres (10,5%), especialmente en la franja entre 25 y 54 años (11,9% mujeres frente al 8,8% hombres), mientras que el número de afiliadas a la Seguridad social en el mes de junio suponen un 47.5 %, frente a 52,5 % de hombres.
Esta tendencia tampoco es nueva a raíz de la crisis del COVID-19; según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística y la EPA, recogidos por el Instituto Cántabro de Estadística, de los trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, el 63 % tiene contrato indefinido y el 27 % son temporales. El 85 % trabaja a jornada completa y el 15 % a jornada parcial. De los contratos firmados en junio, los temporales superaron el 93% (sólo el 7% indefinidos).
En este contexto, las mujeres representan el 79 % de las personas con jornada parcial. Por tramos de edad, el más numeroso es el de 35 a 44 años, seguido de cerca por el tramo de 45 a 54 años. Las mujeres son más numerosas en todos los tramos salvo el tramo de más de 55 años. En España la edad media de los demandantes parados es inferior.
Además, el nivel formativo de las mujeres paradas es superior al de los hombres, destacando que las demandantes con formación universitaria suponen un 61% frente al 39% de los hombres y ellas permanecen por término medio más tiempo en paro, aumentando el porcentaje de mujeres a medida que aumenta el periodo en desempleo.