• La formación considera que la próxima reunión de la Federación de Municipios de Cantabria es la “perfecta oportunidad” para que haya en Cantabria una unidad sobre los principales temas que afectan a la vivienda
• Keruin Martínez ha pedido a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que lidere la iniciativa del protocolo “para que nuestra ciudad cuente con verdaderas herramientas que coordinen los servicios sociales, jurídicos y asistenciales”
Izquierda Unida de Santander ha pedido a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) que se posicione “en un compromiso conjunto” a favor de implantar en los ayuntamientos un protocolo de actuación para los ayuntamientos frente a las emergencias habitacionales y casos de desahucios.
“Es la oportunidad perfecta para lograr una unidad en todos los municipios en los principales temas que afectan a la vivienda”, ha reclamado el coordinador de la Asamblea santanderina, y también concejal en el Ayuntamiento, Keruin Martínez, tras conocer que en la reunión que tendrá lugar este miércoles también se estudiará el borrador del nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico (VUT).
El edil le ha pedido expresamente a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que haga que la capital lidere la iniciativa del protocolo frente a los desahucios. “Al igual que ya se lo hemos pedido en el pleno municipal, insistimos en que es importante que nuestra ciudad cuente con verdaderas herramientas para coordinar los servicios sociales, jurídicos y asistenciales, y atender a las personas afectadas en su momento más vulnerable”, ha remachado.
“No podemos seguir teniendo a los trabajadores de los distintos servicios desconectados, ni que las respuestas sean la improvisación y las prisas de última hora ante los requerimientos del juzgado”, ha lamentado Martínez, quien en su primer año de legislatura ya ha vivido varias experiencias en las que se ha tenido que reclamar el expediente de vulnerabilidad a pocas horas de un lanzamiento.
Esta herramienta ha sido reclamada durante años por los colectivos en defensa del derecho a la vivienda. “Consideramos que es una medida imprescindible, y que otorgaría a los ayuntamientos importantes herramientas para afrontar este drama social, que en los dos últimos años ha alcanzado de cifra de 599 en toda Cantabria.