Les urge a “tomar cartas en el asunto” para evitar otro “fracaso de gestión” como el que llevó al cierre a Forjas de Cantabria
La coordinadora de Izquierda Unida en Campoo, María Jesús Gutiérrez, se pregunta que medidas van a adoptar el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y el consejero de Industria, Javier López Marcano desde el Gobierno autonómico para ayudar a las industrias electrointensivas ante el encarecimiento de los precios de la energía, agudizado a raíz de la guerra en Ucrania.
Y citaba el caso concreto de Reinosa Forgings & Castings, que el pasado viernes anunciaba la presentación de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), que se está traduciendo a su vez en expedientes a sus subcontratas.
Según recuerdan desde Izquierda Unida, Reinosa F&C lleva desde el último trimestre del 2021 aplicando medidas de contención del gasto energético, entre otras, aplicando paros de producción programados, lo que “está teniendo importantes consecuencias en el empleo de la comarca”.
Por eso instan al Gobierno de Cantabria y a la Consejería de Industria a “que tomen cartas en el asunto, se pongan a trabajar” para que “no se vuelva a producir un nuevo fracaso de gestión política como ocurrió con Forjas de Cantabria”, empresa campurriana que cerró recientemente y tras su cierre trascendió que existía un aval que podía haberla salvado sin que el Ejecutivo actuara para localizarlo.
Las coordinadoras comarcales de Izquierda Unida están realizando un seguimiento a la situación de las industrias electrointensivas en Cantabria, que han anunciado todas paros en la producción por ser “inviable” producir a los precios que tienen en estos momentos la energía eléctrica y el gas.
Izquierda Unida incide en el impacto que todo esto tiene en el empleo, tanto directo en las fábricas, como indirecto en las empresas auxiliares que trabajan para el sector.
En este sentido, lamentan que las políticas energéticas y de transición ecológica no están solucionando “para nada” el problema de los costes de la industria –que en materia de energía les puede suponer hasta el 50%-.
Así, recuerdan que una de las herramientas en la que esta industria había puesto parte de sus esperanzas de solución era el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que tras varios años de retraso en su entrada en vigor se ha revelado como “insuficiente”.
Y advierten de las consecuencias para el conjunto de la actividad económica de la subida “incontrolable” de los precios de la energía, desde la industria hasta los autónomos o PYMES, además del incremento de la pobreza energética en los colectivos más vulnerables.