Miguel Saro, concejal de IU Santander presentará una moción para exigir mayor colaboración del Ayuntamiento y la Consejería de educación estableciendo un plan anual de actuaciones e inversiones en los edificios.
El portavoz de IU explica que la inacción del equipo de gobierno obliga a presentar esta moción, que no duda será poyada por el resto de Grupos Municipales, para obligar a que los servicios técnicos municipales comprueben el estado de los colegios de titularidad municipal y su adecuación a las condiciones legales de accesibilidad y eficiencia energética.
Igualmente, solicita que se constituya una comisión mixta de técnicos municipales y de la Consejería de Educación para establecer criterios claros en cuanto a las competencias de conservación y mantenimiento ocales y las de inversión autonómicas, y que se redacte un plan anual de actuaciones donde ambas administraciones se comprometan a resolver las peticiones de las direcciones de los colegios en cada ejercicio presupuestario.
“La situación de algunos centros es alarmante”, afirma Saro, quien conoce esta por las múltiples reclamaciones de las direcciones y de la AMPAs, “hasta el punto de haber obligado a un colegio -El CEIP Sardinero- a acudir a los tribunales para obtener tutela frente a la inacción de las administraciones”
En lo que compete al Ayuntamiento de Santander, Saro reprocha que la actitud habitual del gobierno local es rechazar cualquier intervención que requiera una obra mayor, hasta el punto de exigir a las direcciones de los centros el pago de los materiales, poniendo el Ayuntamiento la mano de obra en actuaciones que son de su competencia.
Para Saro, ninguna solución puntual a un solo centro podrá resolverse si no se crea un protocolo de actuación entre ambas administraciones que aclare con criterios claros las obligaciones concretas de cada una, recogidas por la legislación: la de conservación, mantenimiento y vigilancia para el Ayuntamiento y la de inversión y renovación para el Gobierno de Cantabria.
“Desde Izquierda Unida invitamos a que este ejemplo se extienda por la Consejería de Educación a todos los municipios que sean propietarios de algún centro educativo de educación primaria, porque la seguridad y condiciones de nuestros niños y profesores no puede quedar en el voluntarismo de una de estas administraciones.”