Izquierda Unida y Podemos instan al equipo de gobierno de Camargo, formado por el PSOE y el PRC, a que recuperen la gestión directa del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, lo que, calculan, supondría un ahorro de casi 400.000 euros.
Ambas formaciones lamentan la situación “alargada en el tiempo” de estos servicios y el “esperpéntico” pleno municipal del 10 de junio en que la adjudicación del nuevo contrato que integra ambos servicios fue rechazada.
El coordinador de IU en Camargo, Fernando Agúndez, ha recordado que la propuesta de recuperar la gestión directa desde el Ayuntamiento “ya fue trasmitida al equipo de gobierno en el pasado” y señala que la decisión supondría, “como mínimo, un ahorro de 384.213,35 € anuales en el presupuesto de licitación, en concepto de beneficio industrial, gastos generales y 10 % de IVA”.
“La disparidad de criterio y distancia entre los socios del bipartito es evidente cuando el PSOE se muestra reticente a explorar otras vías de gestión, como sí está haciendo el partido en otros municipios, y cuando el concejal del PRC que preside la Comisión de valoración del contrato vota a favor y otros 3 regionalistas se oponen, cuestionando la validez de la licitación”, ha indicado Agúndez.
Por su parte, el portavoz local de Podemos, Ricardo Amigo, ha insistido en que “el mismo equipo de gobierno hace surgir dudas sobre la limpieza del procedimiento, en el que se interpone un contrato menor para la valoración de las ofertas, que desplaza la efectuada por los técnicos municipales”.
Como resultado, opina, los vecinos de Camargo “seguiremos sufriendo una gestión deplorable” del servicio, a cargo de empresas “a las que no se exige ninguna responsabilidad”, y un Ayuntamiento que “no dispondrá de la gestión directa del servicio, ni de un contrato con una empresa privada, todo ello al margen de las consecuencias económicas por futuras reclamaciones”.
Ante el “callejón sin salida” en que se ha metido el propio equipo de gobierno, IU y Podemos proponen que se estudie la remunicipalización o gestión directa del servicio que, “además de resultar más económica para los vecinos, serviría para subrogar a los empleados de la actual contrata que ven bloqueadas sus mejoras salariales y laborales al aplicárseles el convenio del Ayuntamiento”.