Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida de Santander y portavoz autonómico de la formación, manifiesta así la posición compartida por la mayor parte de la oposición municipal.
Los portavoces de los grupos municipales socialista, regionalista y Mixto (IU), Pedro Casares, José María Fuentes-Pila y Miguel Saro, respectivamente, y el concejal no adscrito de Santander Sí Puede, Antonio Mantecón, han registrado este lunes una petición conjunta para solicitar la celebración de una Comisión Extraordinaria de Desarrollo Sostenible y “tratar de frenar la huelga de basuras”, convocada para el próximo viernes, 21 de julio.
El objetivo de la solicitud es claro: “forzar” al equipo de Gobierno a que “interceda ya” para que el comité y la empresa concesionaria del servicio de basuras, la UTE Ascan-Geaser, lleguen a un acuerdo sobre el convenio colectivo que evite la convocatoria de huelga. Todos coinciden en que el PP “no puede ponerse de perfil”, tanto por su condición de titular del servicio como por la “sustantiva rebaja” en la adjudicación del mismo, un 20 por ciento respecto al contrato anterior.
Saro ha exigido al equipo de Gobierno que cumpla con sus funciones como “fiscalizador” del cumplimiento de las condiciones del servicio. Así, el concejal responsabiliza al Gobierno municipal de los “perjuicios que puedan causarse a la ciudad por el conflicto colectivo, dado que este está originado por el pliego de condiciones del contrato, que permite a la empresa concesionaria amortizar puestos de trabajadores por ventajas tecnológicas en el servicio que los vecinos no han visto”. “La ciudad cada vez está más sucia y la recogida de basuras se presta en peores condiciones”, ha enfatizado al respecto.
“Queremos que el equipo de Gobierno nos explique qué medidas ha tomado y cuáles va a tomar para evitar la huelga de basuras”, ha explicado Casares, quien ha subrayado que éste es un servicio “esencial” que debe prestarse a la ciudadanía “con todas las garantías”.
“El PP privatizó el servicio, ahora tiene que garantizar que se preste de forma eficiente en Santander y para ello debe buscar el acuerdo entre la empresa adjudicataria y los trabajadores, garantizando su derechos”, ha afirmado. De no producirse el acuerdo, sostiene, las consecuencias serían “muy dañinas para la ciudad”.
Para Fuentes-Pila, el PP “no puede ahora olvidar” que en 2013 se adjudicó el servicio con un descenso del 20 por ciento respecto a la concesión anterior, “una decisión política que ahora no pueden pagar los trabajadores”. En este sentido, cree que “quien decide el precio de licitación con una rebaja del 10 por ciento y quien adjudica el servicio con una rebaja de un 10 por ciento adicional no puede ahora, llegado el problema, esconderse”.
Por ello, ha instado tanto a la alcaldesa como al edil de Medio Ambiente, Gema Igual y José Ignacio Quirós, que “se pongan a trabajar para buscar una salida que evite la huelga”. “Si se produce, su responsabilidad en ella es clara”, ha finalizado.