El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, lamenta que la “desidia” de las administraciones por el patrimonio histórico y cultural de la comunidad permita “consumar tropelías” como la cometida con el pintado del faro de Ajo por Okuda.

Ruiz Salmón se pronuncia así tras conocerse el archivo por parte de la Fiscalía Superior de Cantabria de la denuncia que su formación interpuso por delito contra el patrimonio.

Un archivo que se fundamenta en la ausencia de normas específicas de protección para este patrimonio en Bareyo, sobre el que decidieron actuar el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.

Es lo que se denomina en el escrito de archivo como “norma en blanco”, como “en blanco están las políticas de protección al patrimonio en Cantabria en las últimas décadas”, ha aseverado Ruiz Salmón

“Si el Gobierno hubiera declarado este bien como de Interés Cultural o patrimonio histórico, ya que reúne características suficientes para ello, el faro de Ajo hubiera tenido un blindaje legal frente a ocurrencias de explotación turística estacional como esta”, ha lamentado el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria.

Pero “ningún consejero de Cultura ha hecho absolutamente nada para prevenir desmanes como este”. “Ni Javier López Marcano (PRC), ni Miguel Ángel Serna (PP), ni Francisco Fernández Mañanes (PSOE) ni Pablo Zuloaga (PSOE)”, ha enumerado Ruiz Salmón, quien ha señalado que “la consecuencia es la pérdida de patrimonio cultural e histórico” y que “nuestro patrimonio está a merced de la arbitrariedad, el capricho y la excentricidad del alcalde o presidente de turno”.

Desde Izquierda Unida en Cantabria han mostrado su respeto por la decisión de la Fiscalía, si bien no comparten el criterio que considera que los trabajos realizados por Okuda eran de “mantenimiento”.

Y no sólo porque “es evidente que para tareas de mantenimiento no se contrata a artistas de renombre” y este criterio “rebaja” la labor creadora -“con el criterio seguido se podría considerar a las cuevas de Altamira o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel como obras de mantenimiento”, ironizaba Ruiz Salmón-, sino porque de esta forma se abre la puerta a que “si mañana se planteara por parte de los gobernantes de turno encargar a Okuda u otro artista labores de mantenimiento de este estilo sobre la fachada de la Casa de José María Pereda, en Polanco, o de otros bienes y edificaciones con alto valor cultural, histórico, ambiental o arquitectónico, podrían hacerlo sin problema, pues goza de la misma protección patrimonial que el faro”.

Además, el propio escrito de la Fiscalía recoge que el Faro no puede ser “modificado sustancialmente”, según las Normas Subsidiarias que se le aplican. “Nadie diría que cambiar una fachada de blanco impoluto a 72 colores, borrando en el proceso la historia de la edificación, no es un cambio sustancial”.

El coordinador autonómico de Izquierda Unida de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, considera que la dimisión es la “única salida válida” para los alcaldes del PRC y PP que se saltaron las medidas Covid en una comida en un restaurante de San Roque de Riomiera.

Para el líder de IU en Cantabria, “no hay excusa que valga” para estos representantes públicos “que deberían ser ejemplo de conducta y cumplimiento de las normas que atañen a algo tan esencial como la salud pública”.

“Llevamos un año con una crisis sanitaria, social y económica que nos ha arrebatado a seres queridos y ha afectado de forma contundente a trabajadores y empresas y, desgraciadamente, tenemos a gobernantes que, con actitudes completamente irresponsables, no cumplen con las más mínimas normas de conducta”, criticaba.

Según Ruiz Salmón, “cada minuto que el alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz, y el alcalde de San Roque, Antonio Fernández, no pongan su dimisión sobre la mesa, será un tiempo en el que la población pensará que las normas no son de aplicación para sus gobernantes, ampliando el desapego hacia la política que hechos como este provocan”.

“Quien debe dar ejemplo e incumple de forma grave como es el caso de los dos alcaldes, pero apela a la responsabilidad de la población, añade, a la distancia física por la Covid, otra, más simbólica, aunque no menos importante: la distancia entre quienes ostentan la representación pública y quienes un día depositaron su confianza a través del voto”, apuntaba.

Además, ha incidido en los efectos dramáticos de esta pandemia “sobre nuestras vidas, familias y empleos”, para que “actitudes irresponsables, tal y como han reconocido públicamente, queden impunes en el ámbito público, con independencia de la sanción que desde el ámbito policial se estimara oportuno”.

Ruiz Salmón pregunta a Miguel Ángel Revilla y María José Saénz de Buruaga, máximos dirigentes del PRC y el PP a nivel autonómico, respectivamente, “cuál es la coherencia que aplican en sus partidos para que un día salgan ambos en rueda de prensa apelando a la responsabilidad ciudadana y al día siguiente personas de gran peso en sus filas, máximos responsables en sus ayuntamientos, echen por tierra el trabajo colectivo de guardar distancias y respetar normas que nos afectan a todos”.

Para finalizar, el coordinador general de IU ha recordado que “debemos seguir siendo responsables y que, desgraciadamente, esta crisis no ha acabado”. “Vienen meses que seguirán siendo duros y no podemos dar ningún margen al virus”, sentenciaba.

“Es Yolanda Díaz y no Miguel Ángel Revilla quien protege a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables de Cantabria”

Izquierda Unida insta al Gobierno autonómico a solicitar “cuanto antes” los 96 millones de euros procedentes del reparto de los fondos europeos, concretamente, la iniciativa REACT-EU para reactivar la economía y blindar los servicios públicos de Cantabria.

En un comunicado, el coordinador general de IU en la comunidad, Israel Ruiz Salmón, ha realizado esta petición “ante la urgencia que viven las familias y trabajadores cántabros y la inacción del Ejecutivo presidido por Miguel Ángel Revilla”.

Según explica el líder cántabro de IU, las comunidades autónomas tienen a su disposición una vía de financiación por parte del Gobierno de España para recibir los fondos con antelación, dado que hasta ahora el programa Next Generation, en el cual se enmarcan los 96 millones para Cantabria (10.000 para todas las comunidades), está preasignado, pero no tiene aprobada todavía su financiación.

“El Gobierno de España ha establecido una vía para facilitar liquidez financiera a las comunidades y Cantabria no tiene un segundo que perder; demasiados han perdido ya y han hecho perder a nuestro tejido laboral, económico y social”, opinaba.

En este escenario, Ruiz Salmón recuerda al Ejecutivo que tiene la posibilidad de pedir y recibir este préstamo con herramientas 100% públicas dentro de la Administración que gobierna, por lo que “han de utilizarse y no recurrir a entidades privadas”.

“Conocemos, desgraciadamente, lo que ha supuesto y sigue suponiendo que el dinero público pase por la intermediación de entidades bancarias privadas; todavía hoy seguimos sin haber recuperado el rescate público que se hizo de ellas mientras la gente común vivíamos los recortes”, indicaba.

PRÓRROGA DEL SMI PARA PROTEGER A 14.000 TRABAJADORES CÁNTABROS

En opinión del dirigente de IU, la reactivación de la economía cántabra “es urgente”, especialmente ante la vulnerabilidad de las familias trabajadoras de la comunidad que “no cuentan con políticas públicas locales que les den respaldo”.

Por el contrario, afirma Ruiz Salmón, es la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la que está poniendo de manifiesto “quién actúa y quién no” en las distintas administraciones.

“Ante la inacción del gobierno de Revilla sobre la precariedad de 14.000 trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad, quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional en Cantabria, es el Ministerio de Díaz el que está poniendo una red para que no caigan y estén a merced de posibles rebajas empresariales”, afirmaba.

Tal y como explica, mientras se mantiene el diálogo social con el objetivo de incrementarse en 2021, el SMI ha sido prorrogado este martes en el Consejo de Ministros “para dar seguridad laboral y jurídica a los trabajadores”, dado que, es un indicador que ha de renovarse cada año y, de no haberse hecho, no habría un límite inferior fijado y los salarios de los más vulnerables podrían recortarse”.

“Seguiremos defendiendo, al igual que hacen los sindicatos, que la subida del SMI es necesaria para el sostenimiento de la economía familiar y, por ende, de la economía general, y confiamos en que el diálogo social culminará de forma exitosa”, sentenciaba.

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Israel Ruiz Salmón, coordinador autonómico de IU:

Izquierda Unida Campoo ha registrado en el Ayuntamiento de Reinosa una batería de preguntas en relación a un vertido producido en el río Ebro, en la zona de Vista Alegre.

El portavoz local de IU, Álvaro Martínez, expone en su escrito dirigido al consistorio que el 16 de diciembre pudieron conocer, a través de una foto en redes sociales, un vertido de un fluido rojo en el río, cuestión que de forma similar también se denunció el 23 de diciembre de 2016.

Ante estos hechos, coincidentes ambos vertidos en diciembre, desde IU preguntan al gobierno local si es conocedor de este asunto y la frecuencia y origen del efluente.

“Es importante saber si se trata de algo puntual o repetido en el tiempo, dado que las consecuencias para el municipio y sus vecinos son importantes”, indicaba Martínez.

De igual forma, IU inquiere por las implicaciones ambientales y para la salud del fluido rojo, qué responsabilidad cabe aplicar y qué medidas va a tomar el Ayuntamiento para que no se repita.

Según IU, el gobierno local ha de recabar toda la información posible al respecto, interesándose por el entorno y las posibles causas de este perjuicio y haciendo uso de sus facultades como administración.

“Confiamos en que el Ayuntamiento dé respuesta en tiempo y forma a nuestras preguntas y atienda las denuncias vecinales que se produzcan al respecto”, sentenciaba.

El concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, ha logrado el apoyo unánime del pleno municipal en su propuesta de redactar un Plan Municipal de Vivienda antes de tres meses y que tenga una duración quinquenal.

“Es un paso muy importante”, ha valorado Saro, que considera que esta sería la “herramienta definitiva” que permitiría al Ayuntamiento de Santander, con transparencia, definir los objetivos y el calendario de estas políticas.

Santander ha perdido 20.000 habitantes en los veinte últimos años, hasta el punto de que los mayores de 65 años han pasado a representar el 24,37% de la población de la ciudad frente al 17,5% de 1997, por encima de la media de Cantabria.

Un 11,62% de las viviendas permanecen vacías, ya que, hasta la fecha, el Ayuntamiento “se ha preocupado más de favorecer a los promotores individuales, tanto en la definición de uso de suelo como en la materia de viviendas de protección oficial”, promoviendo más la construcción de nuevas viviendas en el poco suelo disponible en nuestra ciudad, denuncia Saro.

El objetivo, apunta el edil, debe pasar por “dinamizar las viviendas vacías y disponibles en nuestra ciudad”, incluyéndolas en un parque de alquiler social que sean cedidas “mediante políticas de estímelo y gravamen fiscal”.

LAS TRES FASES DEL PLAN

El objetivo es concebir este plan como un instrumento que defina y desarrolle la política de vivienda del municipio, en coordinación con la modificación del Plan de Ordenación Urbana de Santander.

Según se ha aprobado en la moción, el plan deberá organizarse en tres fases: la analítica, que hará un análisis de las necesidades de la población en materia de vivienda, así como de la disponibilidad del parque existente; una estratégica para abordar las prioridades de cara a resolver dichas problemáticas; y una programática para crear un programa de actuación.

En la última fase habrá de incluirse una financiación del plan, el tiempo de ejecución de los programas diseñados con una lista de los agentes y/o entidades que lo gestionen junto a la Sociedad de Vivienda y Suelo. También se fijarán unos criterios públicos de seguimiento, evaluación y revisión del plan para asegurar su cumplimiento.

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Miguel Saro, concejal de Unidas por Santander:

Proponen sacrificio cero, protocolo CER, prohibición de circos o atención de animales de mujeres víctima de violencia de género

Izquierda Unida (IU) y la Federación Defensa Animal (DEAN) de Cantabria han presentado 45 aportaciones al proyecto de Ley de bienestar animal que el gobierno cántabro ha sacado a consulta pública.

Ambas organizaciones recuerdan que “tras veintiocho años de vigencia”, la Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales en Cantabria, “debe adaptarse a las actuales demandas de la sociedad en relación con el bienestar de los animales y a los nuevos conocimientos científicos sobre sus características y su comportamiento”.

Es por ello que reclaman que se instrumenteuna Ley de bienestar animal autonómica “actualizada, integradora, responsable y respetuosa” con los animales que asegure su bienestar, proporcionándoles la protección que les corresponde “por su condición de seres sintientes, evitando las situaciones de crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o angustias innecesarios, abandono, ausencia de auxilio, omisión y dejadez de atención”.

“El gobierno autonómico debe promulgar un instrumento jurídico más eficaz en la defensa y protección de los animales, cuya finalidad esencial sea profundizar en las medidas educativas y de concienciación social de la población, pero también de endurecimiento del régimen sancionador ante conductas incívicas y crueles con los animales, y ello, con la finalidad de erradicar esos comportamientos de maltrato y de abandono animal”, señalan el partido y el colectivo animalista.

No en vano, IU y DEAN recuerdan que “esta es la tercera vez en las últimas legislaturas que se saca un proyecto de Ley para actualizar el vigente, pero siempre queda en el cajón guardado por falta de voluntad real de adecuar la normativa al pensamiento del siglo XXI por parte del gobierno y presiones externas”. “Ya va siendo hora de homologar nuestra comunidad a otros territorios de España y Europa”, insisten.

Entre sus aportaciones, demandan el reconocimiento de los animales como seres dotados de sensibilidad física y psíquica y la ampliación del alcance de la ley, de modo que no quede limitada a los animales “de compañía”, el impulso de la educación como medida necesaria de política preventiva, la prohibición de circos con animales y las ayudas a protectoras de animales tengan o no refugio.

SACRIFICIO CERO Y PUESTA EN MARCHA DE PROTOCOLOS CER

“Hay que apostar abiertamente por el sacrificio cero incidiendo en la esterilización para reducir la tasa de abandono y en la identificación como medida persecutoria del maltrato que permita la denuncia y posterior sanción”, apuntaban desde IU.

Así mismo, tanto el partido político como la organización sobre bienestar animal defienden la gestión ética de las colonias felinas mediante protocolos CER (captura, esterilización y retorno), divulgando sus beneficios y poniéndolos en práctica en colaboración con las asociaciones de protección de animal.

Para DEAN, “debe haber un reconocimiento de la labor social que efectúan las personas y las entidades que gestionan las colonias felinas y una regulación jurídica de las mismas”.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ATENCIÓN DE ANIMALES DE PERSONAS VULNERABLES

El escrito presentado ante la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Cantabria incluye la necesidad de elaboración y puesta en marcha de protocolos de recogida de cadáveres de animales de compañía ya que constituye una práctica habitual que sean tratados como residuos orgánicos para su eliminación.

“Es necesario que la Administración elabore planes de evacuación de animales, tanto previos a la catástrofe, como una vez producida; planes que evitarían situaciones de riesgo añadidas y salvarían muchas vidas” recalcan desde IU.

También han subrayado la necesidad de atención especial a los animales de personas en situación de vulnerabilidad incluidas las mujeres víctimas de violencia de género.

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

Las aportaciones de IU y DEAN también abogan por facilitar las denuncias de casos de maltrato animal o el reconocimiento de las asociaciones de defensa de los animales como parte implicada en las sanciones que contemple esta ley, y no delegar únicamente las denuncias de inspección en la propia Administración.

En el apartado de sensibilización, se pide que no se presente a los animales como objetos de consumo o premio, que se prohíba la tenencia de animales incluidos en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y que se fomente la gestión ética para el control poblacional de las ya existentes.

 “Es absolutamente necesario que la nueva ley incluya una formación específica de los cuerpos funcionarial, especialmente de las personas dedicadas a la seguridad y servicios de emergencia; no puede depender la verdadera protección de un animal de la mayor sensibilidad o implicación del agente en quien recaiga el servicio”, inciden desde DEAN.

Por último, exigen la consignación por parte del gobierno de Cantabria de las partidas presupuestarias necesarias para la financiación de las responsabilidades y servicios que esta Ley les atribuye.

“La Ley, de aprobarse en 2021, nacerá muerta, ya que los presupuestos para ese año contemplan una cantidad insuficiente para implantar políticas preventivas, educativas y sancionadoras, lo que hace inviable que el Gobierno aplique esta ley y que se acabe en Cantabria con el exterminio de animales abandonados”, sentencian.

Izquierda Unida en Los Corrales de Buelna ha logrado que los Presupuestos del municipio para 2021 incrementen las partidas dedicadas a la atención social y el urbanismo, entre otros asuntos.

La edil de IU en el municipio, Elsa Salas, se mostró satisfecha por el trabajo realizado y el diálogo abierto dentro del consistorio para mejorar las cuentas del próximo año “en las que buena parte de sus propuestas en beneficio de los vecinos han sido incluidas”.

Entre ellas, en el pleno celebrado este martes 22 de diciembre, se ampliaron las dotaciones dedicadas al arreglo de aceras -cuestión prioritaria para IU desde hace varias legislaturas-, así como las destinadas a solucionar los problemas derivados de edificios en ruinas “y que tanto preocupa a nuestra población”.

De igual forma, también fueron aprobadas las propuestas de IU para apoyar a los colectivos más vulnerables en esta crisis o una partida específica para realizar limpiezas y desinfección durante la pandemia.

No obstante, la postura de IU fue la abstención a la hora de votar, dado que hubo cuestiones que no fueron aceptadas por el equipo de gobierno PP-PRC, “al que, en cualquier caso, agradecen su disposición para negociar”, tras muchos años en los que no se convocaban dos comisiones para darle oportunidad a la oposición de hacer propuestas.

En el tintero de IU se quedó dotar a una de las plazas de Los Corrales de Buelna de una cubierta para poder disfrutarla en los días de lluvia, aunque el equipo de gobierno ha planteado la posibilidad de cubrir la finca de Santa Margarita, en la cual, IU “lleva mucho tiempo pidiendo la celebración del mercado semanal y que se utilice como aparcamiento y espacio para celebración de eventos”.

“No podemos estar más que satisfechos al ver la disposición a hablar de PP-PRC y cómo el PSOE, en la oposición junto a IU, hace suyas reclamaciones de nuestro grupo en pasadas legislaturas”, señalaba Salas.

Para la portavoz de IU resulta “muy positivo” que las ideas “se amplíen y sean acogidas por más grupos”, tras ver cómo el PSOE ha compartido con el pleno “reivindicaciones históricas de IU” y no atendidas por los socialistas cuando gobernaban, como la creación del cheque resistencia para familias vulnerables, la habilitación del aparcamiento en la finca de Santa Margarita, la actualización de la página web del Ayuntamiento o la retransmisión de los plenos online.

“Aglutinar ideas y objetivos comunes es la mejor forma de solucionar los problemas de nuestro municipio y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sentenciaba.

El concejal, Miguel Saro, lleva al pleno de diciembre una moción para hacer frente a la emergencia habitacional y dar salida a las viviendas vacías en Santander

Además, el edil también reclama el apoyo del resto de grupos para solicitar al Gobierno nacional que apruebe una ley estatal que blinde la función social de la vivienda y regule el mercado de alquiler como han hecho otros países europeos

Unidas por Santander (UxS) reclamará la redacción de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo en el pleno municipal que tendrá lugar este miércoles, con el objetivo de que se convierta en un instrumento para la definición y desarrollo de la política de vivienda del Municipio, junto al planeamiento urbanístico general, actualmente en fase de modificación.

En la moción, el concejal de la coalición, Miguel Saro, señala los problemas de Santander para garantizar el acceso a una vivienda de los vecinos, tanto los comunes con otras capitales españolas como los singulares, como “la existencia de numerosas segundas o terceras residencias temporales, ocupadas por visitantes en cortas etapas a lo largo del año, pero vacías la mayor parte de este”.

Una aproximación del Instituto Nacional de Estadística cifra en un 11,62% las viviendas que permanecen vacías en Santander. “Esto es consecuencia de la falta de políticas públicas destinadas a movilizar dichas viviendas mediante políticas de estímulo y penalización fiscal a los propietarios y mediante la creación de bolsas de alquiler para que el Ayuntamiento media entre propietarios e interesados en ocupar las viviendas en algún régimen de ocupación”, asegura Miguel Saro.

Esta situación ha generado una huida paulatina de los habitantes más jóvenes a otros municipios, derivando en un mayor envejecimiento de la población de Santander en los últimos años.

Ya en marzo de 2018, Saro, como concejal de Izquierda Unida, propuso la creación de una bolsa de alquiler social pública para gestionar el alquiler de viviendas vacías en Santander desde diferentes ámbitos, tanto mediante gestión directa como intermediación entre demandante y propietario.

Este año, en el Plan Santander a Punto, se incluyó la petición de fijar, mediante ordenanza, un marco jurídico para una bolsa de vivienda de alquiler pública, generando previamente una base de datos de viviendas vacías y explorando, a través de la SVS, la colaboración con los propietarios que voluntariamente quieran ceder sus viviendas para esa bolsa de alquiler social.

OTRA MOCIÓN RECLAMARÁ UNA LEY ESTATAL PARA BLINDAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA Y LA REGULACIÓN DEL MERCADO DE ALQUILER

Como complemento, Saro ha presentado otra moción para pedir el apoyo del resto de grupos municipales en su solicitud al Gobierno nacional de que apruebe una ley estatal que blinde la función social de la vivienda y regule el mercado de alquiler como han hecho otros países europeos.

Durante los últimos años, la política de no intervención pública sobre el mercado de la vivienda “ha generado una tendencia alcista de los precios y una crisis de accesibilidad”, que “ha provocado la expulsión de los sectores de la población con menos recursos”, denuncia Saro.

La especulación en el precio de los alquileres ha propiciado el aumento de un 50% de estos en los últimos diez años, según datos del Banco de España. Algo que no ha sucedido con los salarios, generando una desigualdad que implica que cuatro de cada diez personas en España destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, frente al 13,1% del promedio en Europa.

Ciudades europeas con problemáticas parecidas como Amsterdam, París o Berlín, ya han puesto en marcha medidas legislativas que limitan los precios y las subidas abusivas de los alquileres.

A falta de datos más actualizados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías en España, un 30% del total de Europa. Al mismo tiempo, el parque público de vivienda en alquiler no alcanza el 1,5 % del total, mientras que en países de nuestro entorno la realidad es muy diferente, como Holanda (32 %), Austria (23 %), Francia (17 %) o Reino Unido (18%).

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Miguel Saro, concejal de Unidas por Santander:

Izquierda Unida y el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, se comprometen a canalizar las mejoras “necesarias” para evitar futuras avenidas en Reinosa y la comarca de Campoo.

Este sábado está convocada una manifestación por las calles de Reinosa coincidiendo con el primer aniversario de las históricas inundaciones en el sur de Cantabria y que afectaron gravemente a los vecinos de Reinosa, Campoo de Suso y En medio.

En la tarde de ayer viernes, Enrique Santiago, secretario general del PCE, portavoz parlamentario de IU y coportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, acompañado del coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, el coordinador local de IU Campoo, Álvaro Martínez, y la también dirigente reinosana María Jesús Gutiérrez, mantuvieron un encuentro con la plataforma vecinal de afectados y con el equipo técnico Geohumedales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que les asesora.

En ella, el diputado ha podido conocer de primera mano y sobre el terreno, las causas que provocaron la riada de diciembre de 2019, según el informe elaborado por el equipo de la UAM. En el señalan como causas a las diversas e importantes alteraciones del cauce del río efectuadas en las últimas décadas. Estas han provocaron un nuevo desbordamiento de menor gravedad y otras dos alertas durante el otoño.

Estos nuevos episodios han generado una importante angustia entre la población ante el riesgo de nueva riada, cuando aún no han sido reparados todos los daños causados por la de diciembre de 2019.

Por ello, Enrique Santiago ha mostrado el compromiso de Izquierda Unida y Unidas Podemos para conseguir que las Administraciones reparen todos los daños aún pendientes de reparar y especialmente, eliminar las causas que provocaron la riada para evitar que pueda volver a repetirse una nueva catástrofe.

Un compromiso ya adquirido previamente al formular varias preguntas parlamentarias el pasado mes de octubre en relación a las actuaciones en el entorno y que están pendientes de contestación.

El portavoz de la plataforma de afectados, Cheward Román, ha mostrado su agradecimiento por la visita, señalando la falta de atención y acción del Ayuntamiento de Reinosa, del gobierno autonómico y de la Confederación Hidrográfica del Ebro a pesar de la información e informes puestos a su disposición por la plataforma.

Ruiz Salmón critica la falta de “responsabilidad” de Revilla por desvincularse de las medidas sanitarias.

El portavoz de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha defendido este viernes en Cantabria la subida del salario mínimo como una medida que servirá para “incrementar” y “acelera la actividad económica”.

Su congelación sería una “pésima noticia económica”, ha advertido momentos antes de participar en un encuentro con representantes sindicales en la Universidad de Cantabria, y dentro de una jornada que incluye un encuentro con afectados por las inundaciones de hace un año en Reinosa.

El también secretario general del Partido Comunista de España ha reivindicado la contribución que tendrá la subida del salario mínimo a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a contribuir a “mover la economía” y apoyar así a sectores como el comercio.

Además, ha apuntado que después del “grandísimo esfuerzo del Gobierno para sostener el empleo con dinero público, no parece sensato que las empresas aleguen que no puedan soportar una subida”, añadiendo que es una subida “moderada”, en línea con las que se han aprobado para funcionarios o pensionistas.

En declaraciones a los medios, el dirigente de Izquierda Unida también se ha referido a la aprobación ayer en el Congreso del “nuevo derecho” a “morir dignamente”, con la regulación de la eutanasia.

Y ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará la paralización de desahucios y cortes de suministros, mientras se plantean medidas para reformar la legislación labora frente a las pérdidas de derechos por las políticas neoliberales.

Santiago se ha referido a la investigación judicial al rey que abandera Izquierda Unida, como forma de despejar las “sospechas” sobre la existencia de corrupción en las instituciones del estado, y ha negado que esto puedo provocar problemas con los socios de Gobierno socialista.

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha llamado la atención sobre el contraste entre las medidas sanitarias que se vienen aprobando en otras comunidades autónomas mientras en Cantabria se han “abierto fronteras” y adoptado medidas “más laxas” cuando los datos indican un “riesgo fuerte” y que deberían ser “controladas”.

Ruiz Salmón ha tachado de “irresponsable” la actitud del presidente Miguel Ángel Revilla al negar que las medidas las adopte él y derivar la responsabilidad a Sanidad, “cuando él es el máximo responsable”. “Hay que ser prudente y responsable, no llamando a la gente a acudir a Cantabria”, como ha hecho Revilla en otras ocasiones, añadía.

VISITA CANTABRIA

Ambos dirigentes han visitado la Universidad de Cantabria y se han reunido con Ruth Villalón (CCOO), Amparo Renedo (UGT) y Araya Estancona (CSIF), esto es, los sindicatos con representación en la junta de personal y en el comité de empresa.

El objetivo de la cita es escuchar a la representación del personal docente e investigador (PDI) de la UC y tratar las principales problemáticas del sistema universitario, como son la tasa de reposición insuficiente que ha reducido, envejecido y precarizado las plantillas, además de los fuertes recortes presupuestarios en investigación o las crecientes desigualdades entre el personal laboral y funcionario.

Es en este contexto en el que los representantes de los sindicatos han transmitido sus impresiones sobre la situación del sistema universitario español.

Tanto Israel Ruiz como Enrique Santiago se han mostrado dispuestos a canalizar las demandas de las universidades españolas y plantean la necesidad de una solución negociada y consensuada.

[Audios]

Israel Ruiz Salmón, coordinador de Izquierda Unida en Cantabria:

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados: