El portavoz de IU en Santander, Miguel Saro, ha manifestado su “profundo malestar” por la reciente sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número tres de Santander que da la razón a la concesionaria del Parking de la Plaza de México en su pretensión de compensaciones por tener que pagar el IBI, y “cuyo abono volverá a salir del bolsillo de los santanderinos”.
Para el edil, esta sentencia “pone de manifiesto que el Gobierno municipal o bien trabaja exclusivamente para los intereses de toda la red de empresas que gestionan servicios públicos y concesionarias de dominio público, o bien nuestros dirigentes son completamente inútiles”
Desde IU aseguran que “siempre han denunciado la redacción de contratos de concesiones municipales que parecen tener como único objeto el asegurar la tasa de ganancia para las empresas concesionaria, a desprecio de la calidad del servicio público que soportan y de los teóricos riesgos de mercado que deben soportar las empresas”.
Para Miguel Saro, este ejemplo es paradigmático de la “insoportable herencia recibida que soportamos los santanderinos de la nefasta gestión del PP de los últimos decenios”.
El representante de IU explica que se otorgó la concesión por 50 años a una empresa con tales privilegios “para asegurarse el beneficio que hacen caer sobre los santanderinos unos costes insoportables”.
“Se debe recordar, además, que en materia de movilidad, como es el caso, el PP ha construido parkings insostenibles e innecesarios como el de Mendicouague, cuya empresa concesionaria está en liquidación, habiéndose resuelto el contrato y estando pendiente de pago el coste del rescate de la concesión por parte de todos los vecinos de Santander, por importe superior a cinco millones de euros”, ha criticado.
En este sentido, enfatiza que las políticas de inversión municipales “no están destinadas a mejorar la vida de los santanderinos y a mejorar la movilidad de la ciudad, sino a asegurar los beneficios de unas cuantas empresas a desprecio de los sufridos trabajadores de Santander”.
Desde la formación de izquierdas han solicitado “en múltiples ocasiones más responsabilidad al gobierno municipal” para gestionar directamente servicios públicos que están externalizados “y que suponen más de 55 millones de euros de gastos cada año de los presupuestos municipales”.
Sin embargo, lamenta Saro, “ante cada petición el Gobierno local y los tránsfugas que lo apoyan han rehusado cualquier pretensión de recuperar para la gestión directa servicio alguno”.