La coalición señala que la ciudadanía cántabra merece gobiernos “transparentes, amables y valientes”, y que las promesas de las viviendas de la SAREB no pueden quedarse en agua de borrajas.
Podemos-Izquierda Unida exige al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos que mapeen y detallen los inmuebles propiedad de la SAREB, y sus planes para ellos. Mónica Rodero y Carmen Martín, candidatas de la coalición, plantean conocer tan pronto como sea posible, “en primer lugar, de qué inmuebles disponemos en suelo cántabro, desglosado por ayuntamientos. En segundo, ¿cuándo y cómo se va a solicitar su cesión, en qué condiciones se van a alquilar y a quién se va a priorizar?. Para que las promesas no se queden en agua de borrajas, el camino está claro: transparencia, diálogo, planificación”.
“Está bien que el PSOE llegue a medidas que se vienen proponiendo desde la izquierda al menos desde 2012. Celebramos que hayan llegado, aunque sea tan tarde, en período electoral y pudiendo haber evitado tanto sufrimiento”, ironiza Mónica Rodero, candidata de la coalición Podemos-Izquierda Unida a la Presidencia de Cantabria. Carmen Martín, número dos de la coalición, comenta que “respecto al Partido Popular, recordar que hablamos del mismo partido que decía que SAREB sería un gran negocio con una rentabilidad estupenda. No solo no ha sido así, sino que el PP nos ha dejado endeudados y sin explicaciones. Decían sus líderes estos días, y Sáenz de Buruaga lo comentaba ya en febrero, que la solución es construir más vivienda en un país con 3 millones y medio de viviendas vacías”. “El mismo PP y las mismas recetas caducadas: poca imaginación, poca voluntad para ayudar y mucho negocio para los amiguetes”, concluyen.
“Hay que recordar que el precio medio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 45% entre 2014 y 2021. Para que lo entienda todo el mundo: si antes pagabas 500 euros, ahora pagas 725.”, enfatiza Rodero. “Nos toca, desde Cantabria, recoger el guante y llevar tanto la nueva Ley de Vivienda como esta medida todo lo lejos que permitan nuestras competencias. El Gobierno autonómico y los gobiernos municipales deben priorizarlo, porque están en juego las condiciones de vida reales, concretas, de mucha gente. No son abstracciones: estas medidas pueden no servir para nada, o para cambiar vidas a mejor. Desde luego, a partir de junio, nosotras tenemos clarísimo por lo que vamos a empujar y lo que vamos a exigir”.
“Gestionar los pisos y el suelo de la SAREB no es suficiente para garantizar el derecho a la vivienda en España”, apunta Martín, “en cambio, poner la empresa pública al servicio de las políticas de vivienda cambiaría la situación. Tenemos un 2,3% de vivienda de la SAREB en Cantabria: calculamos que casi 4000 viviendas, garajes, naves y suelos entre las que están habitadas y las que aún no. Hay que mapearlas y movilizarlas. Ni opacidad, ni ley de la selva: valentía, transparencia, cuidados”. “Y, por supuesto, vigilando las condiciones de habitabilidad: basta con aplicar el artículo 47 de la Constitución: la vivienda será digna y adecuada. Debemos respetar a la ciudadanía”, completa Rodero.
Por ello, han explicado, es el momento de aprovechar y progresar. Entre las medidas que plantean, destacan que se debe vincular el alquiler social de estos inmuebles al nivel de ingresos, suspender los procedimientos de desahucio y agilizar los convenios para que los inmuebles se movilicen cuanto antes. Destacan, particularmente, que se debe aprovechar para actuar en el suelo rústico en propiedad del que SAREB dispone, para invertir en energías renovables y estrategias de desarrollo rural y fijación de la población al territorio. “¡Aprovechemos esta oportunidad!. Salas de estudio, mercados públicos, mejora de las comunicaciones, espacios de ocio para la tercera edad… Queda todo por hacer”, ha explicado Rodero.
“La ciudadanía no merece gobiernos opacos que se preocupan más de las inversiones que de su bienestar. Sí merecen, en cambio, un gobierno cántabro amable y valiente que proteja a las personas en situación de vulnerabilidad. Y, como venimos diciendo, si la deuda de la SAREB es nuestra, las viviendas también. A partir del 28 de mayo, gracias a nuestro peso en el Parlamento, nos aseguraremos de que la vivienda digna sea un derecho efectivo para todos y todas”, han concluido.