Publicada en El Diario Montañés el día 3 de noviembre de 2012
Entre la sordera y el mal oído
En mayo el Gobierno del PP aprobó el famoso del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria y fue ahí donde comenzó la larga carrera de recortes sociosanitarios, habiendo personas que pronostican que lo peor aún no ha llegado. Es bueno recodar. Primero fue el cierre de la residencia de mayores de La Pereda. Mientras trabajadores, usuarios y ciudadanía lucharon por su mantenimiento, Ignacio Diego tenía claro su cierre aludiendo a criterios de rentabilidad. Simultáneamente vino el desmantelamiento del Centro Público de Castro Urdiales.
En verano lanzaron la medida, según el Gobierno de Cantabria provisional, del cierre de los Centros de Salud por la tarde, medida ya definitiva y que ha sido contestada con más de dos mil firmas recogidas por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes. El gobierno seguía sin escuchar.
Despúes le tocó el turno a los Servicios Sociales. Una dura reforma en las condiciones de acceso a la a Renta Social Básica, por mucho que la consejera diga que los requisitos son los mismos.
Y ya por fin, una reforma de auténtico calado dirigida al “corazón” del segmento de población más excluido, desposeído y desprotegido, los inmigrantes en situación administrativa llamada ilegal. El RD16/2012 que pretende sacar de los dispositivos asistenciales a cuatro mil inmigrantes, o facturar su uso según la Consejería, fue contestado por la ciudadanía en la calle, lo que motivó las conocidas declaraciones de la Consejera de Sanidad. Declaraciones, por cierto, en las que admitía incumplir la ley.
Las consecuencias se perciben ya en la sociedad de Cantabria: pobreza, exclusión social, retroceso en el disfrute de derechos básicos, debilitamiento de las políticas de prevención y de la salud pública. Lo más grave es que se impone el asistencialismo como eje de las políticas sociales y desaparece progresivamente el concepto de igualdad en el acceso a la sanidad pública. Perdemos en calidad y en investigación.
La maltrecha Ley de Dependencia corre un destino parecido. Se produce una merma en los equipos de valoración y una falta de pagos en los conciertos con los centros hacen que sobre ella se cierna el fantasma de quedar convertida en una ley muerta. Son, en resumen, los resultados de una administración que nos condena al paro y la exclusión.
Hoy doce millones de personas en España están en situación de pobreza y en Cantabria la tasa de pobreza se sitúa entre el 15 y el 20 por ciento, según un informe sobre “Exclusión y Desarrollo Social” de Cáritas que advierte de que la pobreza es “más extensa, más intensa y más crónica que nunca”.
Así, cerca de un millón de personas desde 2008 engrosa cada año el sector de la pobreza. Por tanto, ¿por qué hay tantos recortes?
No es una cuestión de ahorro, sino ideológica. Se trata de un cambio de modelo social y la crisis pretende ser la excusa perfecta del Gobierno de Cantabria. Nosotros pensamos que las personas han de ser el centro de las preocupaciones de una administración, no los mercados ni las primas de riesgo.
¿Han terminado ya esas “olas” recortadoras?
Pues mucho nos tememos que no. La lectura que hacen los máximos dirigentes del PP de las recién celebradas elecciones en Galicia y el País Vasco nos hacen temer lo peor.
Considerar, como lo hace el PP, que los resultados son un apoyo a sus políticas de recortes sociales nos vuelve a situar aquí, en Cantabria, ante viejas y nuevas incógnitas. Y así volvemos a escuchar cómo las personas que han solicitado la Ley de Dependencia no pueden conseguir que les sea aplicada. Así, los recortes podrían aplazar las ayudas a más de 2.500 personas dependientes en nuestra comunidad.
Por último, nos encontramos con el incierto futuro del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, dado que parece que existe una política de ir privatizándolo “a trocitos”. Las obras llevan mucho tiempo a “paso de tortuga”, y mientras en las comparecencias en el Parlamento de Cantabria PSOE y PP se culpabilizan unos contra otros. El resultado es que Valdecilla languidece.
Nuestro presidente, Ignacio Diego, ha anunciado públicamente que las obras de Valdecilla se terminarán y garantiza la permanencia del Hospital dentro del sistema público, pero es por todos conocido que solamente han llegado seis de los cuarenta millones prometidos. Seis millones que parecen destinados a pagar a empresas que van privatizando, lenta pero gradualmente, uno de nuestros mayores patrimonios, Valdecilla.
Es nuestro derecho, y también nuestra obligación, no permanecer impasibles ante semejantes recortes de derechos. Hay que dejar claro que sí hay dinero y que lo que no existe es la voluntad política de recaudarlo y de destinarlo a los servicios públicos. Son recortes diseñados por una ideología, no por una coyuntura económica. Conviene no olvidarlo.
Jorge Crespo del Río
Coordinador/a de IU en
Cantabria