Miguel Saro, portavoz de IU censura la decisión del Gobierno de cerrar la residencia de mayores de la Pereda.
El portavoz de IU Santander, opina que la decisión de cerrar la residencia de mayores de La Pereda deja a la atención residencial de los mayores en manos de empresas privadas, ya que de las 12 centros en Santander tan sólo uno tiene ya titularidad pública. También se ha mostrado perplejo por la justificación del cierre ordenado por la Consejería de Sanidad, basado en las deficientes condiciones estructurales del Centro (reformado en 2007 por el anterior Gobierno Regional), razones también usadas para justificar la residencia privada de Caja Cantabria en Cazoña. Para Saro, estas justificaciones supone la voluntad política encubierta de desplazar toda la atención a nuestros mayores al sector privado.
Por ello, ha afirmado que “si sigue esta política de recortes que hace disminuir el número de conciertos que el gobierno estipula con las residencias, vamos a ir comprobando como la atención a los mayores pasa a ser un servicio privatizado del que pocos podemos disfrutar al precio al que están las plazas en las residencias privadas”.
El portavoz de IU es tajante y cree que esta merma en un servicio tan imprescindible para muchos mayores y sus familias, es inadmisible e intolerable, y un retroceso en las políticas sociales equivalente a los años del paupérrimo estado social franquista, cuando la atención a los mayores era territorio exclusivo de las hijas y de la caridad de la iglesia.
Por otro lado, opina Saro, los políticos del PP deben pensar que los mayores que viven en la Pereda son mercancía sin sentimientos ni familia y que puede trasladar de un lugar a otro sin tener en cuenta los problemas que esto puede acarrearles en su calidad de vida y en las de sus familias, ya que esa residencia al estar en Santander les permitía una gran movilidad imprescindible para prevenir dependencias mayores. Y a las familias poder ir a visitarles con una mayor facilidad no en Laredo.
También parece que hay que recordarles que los mayores pagan un 80% de su pensión por este servicio, que no es gratuito.
IU cree que esta situación tendrá consecuencias a corto plazo por el drama que va a a suponer para trabajadores muy cualificados y para familiares, y a largo plazo cuando las residencias de mayores se conviertan en un artículo de lujo, no en un derecho como promueve la Ley de Dependencia.