Los grupos municipales, representados en el Ayuntamiento de Piélagos, de Izquierda Unida y de la Agrupación de Vecinos Independientes de Piélagos, a través de sus respectivos portavoces, Rubén Vicente Carrillo y Luis Antonio Sañudo Gómez, han presentado una moción conjunta en la que van a solicitar un trato igualitario a los trabajadores que, en su momento, participaron en el programa del Gobierno de Cantabria, conocido coloquialmente como INEM CORPORACIONES.
Son públicos y notorios los conflictos generados entre las diferentes administraciones públicas y los trabajadores y trabajadoras desempleados que participaron en los programas ya citados. Dichos programas implicaron que los ayuntamientos marcaran remuneraciones por debajo de los convenios correspondientes y de las Relaciones de Puestos de Trabajo que rigen las relaciones laborales de los distintos consistorios. Se estableció una doble escala salarial, con un único objetivo, el rédito electoral.
La diferente casuística que se ha ido produciendo ha sido consecuencia de que personas, con complicados contextos familiares y socioeconómicos, cedían en sus derechos a cambio de conseguir un puesto de trabajo, incluso soportando actitudes caciquiles y una precariedad laboral que no se debiera haber dado nunca.
Los diferentes Ayuntamientos se negaron a asumir su responsabilidad, lo que provocó la judicialización del conflicto laboral. Y, sentencia tras sentencia, los tribunales fueron dando la razón a trabajadores y trabajadoras, llegando a amenazar con sancionar al Ayuntamiento de Piélagos por llegar a los tribunales a sabiendas de que iban a perder los diferentes contenciosos.
Tanto AVIP como IU, después de recibir y atender a diversos afectados y afectadas, hemos denunciado en diferentes ocasiones dicha situación, exigiendo que el Equipo de Gobierno (PSOE-PRC) acabase con la judicialización del conflicto laboral y negociase con trabajadoras y trabajadores para pagarles lo que les corresponde, sin que se nos hiciera caso.
A nuestro entender, la negligente gestión del problema ha generado dos paradojas: Un lesivo coste para las arcas municipales por mantener dicha judicialización del conflicto y un trato desigual entre quienes denunciaron y quienes no.
Es por ello por lo que pedimos que el Ayuntamiento articule los mecanismos que sean necesarios para que esa igualdad sea efectiva y se acabe con esta flagrante discriminación laboral.
Entre otras peticiones en la moción referenciada se solicitan informes con los costes procesales, informe de trabajadores y trabajadoras afectadas, los que han denunciado y los que no, y que se realicen, si correspondiera, las modificaciones presupuestarias que corrijan o modulen las discriminaciones salariales referidas, haya habido denuncia o no.