El Tribunal Supremo condena al Ayuntamiento de Astillero a pagar más de 600.000€ a Hacienda.
El mismo lunes 3 de diciembre IU registró un escrito solicitando los informes de Tesorería, Intervención y Secretaría donde los servicios municipales recomiendan no ingresar el IVA que ascendía a 232.119€ por la venta de un terreno en Morero en el año 2003. Todo ello para poder depurar posibles responsabilidades legales.
El Alcalde de El Astillero, Carlos Cortina “echa balones fuera” y declara: «lo que se ha juzgado no ha sido una decisión política, sino técnica. Se sanciona una acción administrativa», «una operación de venta en la que los servicios técnicos del Consistorio no liquidaron el IVA. Al cabo de dos años, Hacienda reclamó ese dinero más otra cantidad por sanción y tanto tesorería como intervención aconsejaron el recurso». Todo ello, creemos desde IU, para salvar de posibles delitos de fraude fiscal en un juzgado de lo penal para el actual presidente del gobierno cántabro, D. Ignacio Diego Palacios y a él mismo, en aquellos tiempos, concejal de Urbanismo.
La Sentencia del Tribunal Supremo de la sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, es muy clara, “en este caso ha habido un fraude tributario conscientemente realizado”.
Hay que señalar que en el mismo anuncio del 13 de agosto de 2003 en el B.O.C. publicado por el Ayuntamiento de Astillero constaba que el precio de licitación era de 1.679.867 euros IVA incluido. Y nos consta, que cuando se produce la compra-venta el Notario lee en voz alta la escritura haciendo constar en la misma el desglose de las dos cantidades, precio de venta e IVA. Tenemos la sospecha que la empresa compradora, Pretersa Prenavisa, Estructuras de Hormigón, S.L., entrega al actual ex Alcalde Diego, dos cheque diferentes uno por 1.450.747,40€ y otro por 232.119,58€, el segundo en concepto de IVA. Por todo ello, Fernando Solar se pregunta ¿Qué duda había al respecto? ¿No estaba suficientemente claro que el IVA había que declararlo e ingresarlo en la Agencia Tributaria?
El actual presidente cántabro en declaraciones ha esgrimido que con su actuación persiguió “el beneficio de los vecinos” de El Astillero, según él, pues se trataba de que “el dinero estuviera en una administración o en otra, en una estatal o en el Ayuntamiento”. Ante estas declaraciones, “que hablan por sí solas”, el Sr. Diego se arroga competencias que no le corresponden, pues está recogido en los distintos procedimientos la forma de liquidar los impuestos.