Acusan al edil de obstaculizar la investigación con la indiferencia del equipo de gobierno.
El pasado lunes, Jorge Crespo concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Camargo, denunció ante la Guardia Civil una serie de irregularidades que presuntamente son delictivas. Entre ellas una financiación “paralela”, en la que se gestionaba dinero lejos del control municipal y, por otro lado, la gestión de los vales de comida.
Antes de acudir a la Guardia Civil, solicitamos la información de los repartos de bonos en el pleno municipal. Cuándo se hacen los repartos, quiénes han participado, si se han repartido todos los bonos, qué se hace con los que sobran, pidiendo que remitan la relación de las entregas y las acreditaciones correspondientes.
Lejos de entregar la información, a la que tenemos derecho, en el plazo correspondiente (menos de 5 días) la actitud del concejal ha sido ocultar información. El concejal está entorpeciendo claramente la investigación poniendo palos en las ruedas, tememos que cuando lleguen a buscar los documentos ocurra lo mismo que con los ordenadores del caso “Barcenas”, lamenta el portavoz de IU Jorge Crespo.
Con la información que tenemos, facilitada por los servicios municipales, podemos asegurar que en el último reparto, se compraron 1.200 vales, por valor de 12.000 euros, de los cuales se han canjeado más de 1.140 (11.400 euros). Datos sorprendentes puesto que el número de personas beneficiarias no llegan a las 1.000. ¿Cómo es posible que se gasten más vales que personas tienen derecho? ¿Dónde están los recibís que firman los usuarios? ¿Por qué no acreditan los 4 repartos de vales que se han hecho el último año?
Antes se compraban 900 bonos (9.000 euros) para 880 personas y no todas las familias recogían los bonos y los canjeaban. El concejal de su mano mayor aumentó a 1.200 bonos, sin que ningún criterio técnico sustente dicho incremento. Está demostrado que se consumen más vales que personas, falta por saber cuántas familias no han recogido los bonos.
Toda esta gestión depende de manera directa de Marcelo Campos y su exsecretaria Jimena Lagraña, que proclaman su inocencia mientras se niegan a dar los documentos que retienen en su despacho, según ellos mismos afirman.
Lo primero que hicimos fue pedir la dimisión del concejal, algo a lo que se negó. Aunque él no haya participado en la contabilidad paralela o la mala gestión de los bonos, es su responsabilidad, es su área de trabajo y quien firma las peticiones. No entramos a valorar si es por falta de capacidad, voluntad o trabajo.
Después pedimos al equipo de gobierno que lo cesara puesto que existe una responsabilidad política clara, urgimos a que se finalice la investigación lo antes posible.
Por último, avisamos que ahora que se puede demostrar el ‘bonogate’ si no toman medidas parece que están encubriendo y premiando, con la pasividad y el nuevo nombramiento de una secretaria, la obstaculización de la investigación, la falta de transparencia y cualquier atisbo de ética.
Para IU no cabe otro camino que asumir las responsabilidades políticas, facilitar toda la información a la Guardia Civil para que esto acabe en la Fiscalía, donde pretendemos ser parte de la acusación. Y regular una situación, la de la Plataforma, que es irregular desde la creación en octubre del 2013 de la mano de Diego Movellán.
Una Plataforma que debe tener unas normas claras, ser transparente y con la supervisión y control por los trabajadores públicos, generando certidumbre y seguridad, ya que los vecinos que sufren las consecuencias de la crisis, garantizando los repartos. Desde Izquierda Unida no sólo señalamos el problema, investigamos y denunciamos, sino que el mayor de nuestros esfuerzos será resolverlo, por ello hacemos un llamamiento al resto de formaciones políticas para consensuar un protocolo de actuación que garantice el correcto funcionamiento de la Plataforma de Alimentos.