El número de viviendas públicas incluido en la bolsa de viviendas destinadas a alquiler social es ridículo, y un pequeño parche a juicio de Miguel Saro
A juicio del coordinador de IU Santander, la ordenanza de alquiler social aprobada por el pleno del ayuntamiento es claramente insuficiente y puro maquillaje político, al no dotar de suficientes viviendas la bolsa de alquiler.
Según afirma Saro siguiendo los datos de la propia Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, en la ciudad existen más de 200 viviendas vacías municipales, de las cuáles apenas se van a destinar 15 a alquiler social. Además de estas, existen en ejecución otras 212 VPO, de las cuales sólo 30 se destinarán a alquiler (nada social), viviendas pagadas por nuestros impuestos y puestas en venta por encima del precio real de mercado, que sólo sirven a los balances de las constructoras que las ejecutan para una demanda que no existe.
Además de estas, afirma Saro, existen más de 3.000 viviendas en el stock de venta privada santanderino, además de cientos de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias propiedad de los bancos, más de 10.000 viviendas vacías y 9.000 segundas residencias, la mayor parte de estas en edificios pendientes de una rehabilitación funcional y energética.
El coordinador de Izquierda Unida ha recordado que el stock de viviendas en venta, tanto público como privado no podrá ser vendido hasta que el crédito llegue de nuevo a las familias y baje el precio de las mismas, aún inasumible para los compradores. Todos los recursos públicos se han destinado a través del FROB al rescate de los balances de los bancos, recursos que serán usados para la generación de la siguiente burbuja económica y no para financiar la compra de un bien esencial como la vivienda.
Hay que toma ya medidas suficientes, sentencia Saro, dado que la necesidad de vivienda es perentoria y muchos Santanderinos están en situación de pobreza.
IU apuesta por un gran parque de viviendas de alquiler social
Por dicho motivo, continúa Saro, desde Izquierda Unida proponemos un parque público de viviendas para alquiler social por una renta que no supere el 30% de los ingresos por unidad familiar al que se unan, por un lado, las VPO municipales vacías y pendientes de venta, y por otro, cesiones de viviendas vacías de los propietarios que lo deseen a cambio de la rehabilitación en condiciones de suficiencia energética.
Estas políticas de incentivo deben ir acompañadas de una tributación del IBI que grave especialmente la propiedad de viviendas desocupadas y segundas residencias, y especialmente las que sean propiedad de entidades financieras, liberando la carga fiscal del IBI de los que tienen menos recursos.