Ruiz Salmón lamenta que los firmantes de la declaración institucional de apoyo a las víctimas del Caso Almería no hayan llevado ese compromiso al Congreso
El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que adapte su Ley de Memoria Histórica a la Ley de Memoria Democrática que se aprueba este jueves en el Congreso de los Diputados.
Ruiz Salmón ha recordado que aspectos como la extensión del período de reparación a las víctimas de violencia política hasta 1983 fue algo que los colectivos memorialistas cántabros pidieron durante la tramitación de la Ley autonómica y que no fue incluido.
“Una medida que hubiera permitido reparar y reconocer a las víctimas del caso Almería –Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas- que sufrieron las torturas y el asesinato por parte de la Guardia Civil en 1981 y a los que el Ejecutivo cántabro dejó de lado cuando tuvo la ocasión, en la tramitación de su Ley”, ha lamentado, remarcando que “no era un objetivo imposible, como se ha comprobado ahora en la tramitación en el Congreso de la Ley Estatal”.
Es decir, “ni el PSOE que está en el Gobierno cántabro y en el central ni el PRC que tanto asegura pelear por los cántabros pidieron que la Ley de Memoria incluyera eso”, añadiendo que tampoco el PP planteó una alternativa “en la que evidentemente no creen, pero que al menos hubieran tenido que apoyar en cumplimiento del compromiso que sí secundaron en la declaración institucional del Parlamento en la legislatura pasada” o el Ayuntamiento de Santander, a instancias de Izquierda Unida.
Ruiz Salmón ha hecho hincapié en que “Cantabria perdió la posibilidad de adelantarse a la legislación estatal”, como sí hizo en su día con la Ley contra la Violencia de Género o la Ley LGTBI, criticando la “falta de ambición” y las “pocas ganas de atender no ya al electorado progresista, sino a todos aquellos que defienden los derechos humanos y la democracia”.
Por tanto, desde IU piden al Ejecutivo cántabro que se ponga a trabajar “desde ya” en “aprovechar todo el potencial que les permite la nueva Legislación”, desde la localización y asesoramiento de víctimas a las que resarcir, incluyendo los trabajadores forzados de lugares como el Túnel de la Engaña, la anulación de las condenas a los luchadores antifranquistas y el reconocimiento a los guerrilleros emboscados, o la creación de espacios de memoria, “entre los que desgraciadamente tiene para elegir, como el recinto de La Magdalena, que albergó un campo de concentración franquista pionero en España”.
LA LEY
Según destacan, la Ley recoge el repudio y la condena del golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, así como la posterior dictadura franquista.
En las enmiendas pactadas en la tramitación parlamentaria, se ha incluido la declaración expresa de la ilegalidad del régimen.
Esto implica la declaración de ilegalidad y nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia durante el régimen franquista, con independencia de su naturaleza jurídica (sentencia, sanción administrativa…).
Además, se reconoce como víctimas a las comunidades, lenguas y culturas que fueron perseguidas por el franquismo.
Y tanto las víctimas como sus familiares tendrán derecho a conocer la verdad de lo que les sucedió, lo que se concreta en conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido y, en su caso, a la localización e identificación de las personas desaparecidas, junto a la exhumación y a la sepultura digna sufragada con fondos públicos.
Así, se refuerza la figura de un Fiscal de Sala para perseguir los delitos cometidos y se garantiza que no se podrá utilizar la ley de amnistía de 1977 para impedir las investigaciones penales.
Una de las propuestas incluidas ante la insistencia del grupo parlamentario de Unidas Podemos es el derecho a reclamar la reparación económica por parte de las víctimas del franquismo y, en especial, las que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa en beneficio de personas jurídicas de carácter privado, así como establecer el derecho al resarcimiento por los bienes incautados por la dictadura.
En la misma línea, se ha acordado crear una comisión que valore las carencias de las medidas adoptadas hasta el momento y que concreté las modalidades del resarcimiento.
La Ley contempla la garantía de acceso a los archivos públicos y privados sostenidos con fondos públicos, así como la recuperación, defensa y conservación del patrimonio documental.
Y estipula la definición de los símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática, con un procedimiento para su retirada o eliminación, así con un completo régimen sancionador que haga efectivas estas previsiones, algo que no contemplaba la ley de 2007 y que provocó en gran medida su fracaso.
A esto se suma la retirada de reconocimientos, honores, distinciones, condecoraciones y recompensas que comporten una exaltación de la dictadura o concedidos a personas que hayan formado parte de sus aparatos represivos.
En la misma línea, se potenciará la inclusión en los contenidos curriculares educativos la historia y la memoria democrática española.
Se promoverá el establecimiento de una red de lugares de memoria democrática con una detallada protección y dotados para su más amplia difusión.
En este sentido, se recupera el Valle de los Caídos para su gestión directa por parte de Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo con la nueva denominación de Valle de Cuelgamuros.
Mediante la Ley, se otorga la nacionalidad española a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a aquellos a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen por la anterior ley de memoria de 2007, gracias a una iniciativa promovida por Unidas Podemos en el Senado. Se reconoce el derecho a la nacionalidad de los descendientes de los brigadistas internacionales.
Se ha acordado crear un centro de memoria democrática que cuente con participación de los movimientos sociales y que sea un referente de los que ya existan o se pudieran crear, para lo cual se apunta a los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.
[Audio]
Israel Ruiz Salmón, coordinador de IU Cantabria:
Pie de foto: Ruiz Salmón junto a familiares de Juan Mañas, una de las víctimas del Caso Almería.