La formación se ha centrado en tres ejes principales de “transformación y de medidas urgentes”, en las áreas de educación, vivienda y barrios, especialmente sobre movilidad

Izquierda Unida de Santander ha presentado nueve alegaciones parciales al presupuesto municipal por valor de 6.352.000 euros, enfocándose especialmente en las áreas de educación, vivienda y barrios, sobre todo en materia de movilidad.

“Son medidas planificadas y cuantificadas en una cantidad más que razonable y perfectamente asumible y realista”, ha explicado el concejal de la formación, Keruin Martínez, quien ya se ha reunido con la alcaldesa, Gema Igual, para proponerle estas medidas de “transformación” y otras “urgentes” que buscan dar cobertura a “proyectos muy concretos que, de aplicarse, tendrían un impacto inmediato en la calidad de vida del conjunto de Santander”.

Martínez ha señalado que “es sencillo” sacar dinero del presupuesto, ya que este documento tiene “un problema endémico” como es la “bajísima” ejecución. “Hay partidas que se replican año tras año y que tienen una ejecución paupérrima”, ha insistido, señalando que esto “pone en cuestión la capacidad de gestión de Gema Igual y su equipo de Gobierno”. Por ello, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con unas cuantías de remanentes, “de dinero sin gastar”, que puede ser utilizado para propuestas “concretas, novedosas y verdaderamente necesarias”.

En cuanto al documento, el edil ha señalado que es “más de lo mismo”, un “documento muy opaco y presentado fuera de plazo, con partidas que son auténticos cajones de sastre, muchas de ellas genéricas y sin especificar”. Además, ha criticado que, una vez más, el 30% del presupuesto municipal está gestionado de manera privada. “Son 74 millones en cuestiones básicas que están externalizadas y que muestra una manera de ver la gestión contraria a la austeridad, la eficiencia y el bien común”, ha criticado.

700.000 EUROS PARA ANALIZAR EL ESTADO DE LOS COLEGIOS E IMPLENTAR UN PLAN DE ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS

En cuanto a sus propuestas, Martínez ha querido centrarse en educación, vivienda y la conexión entre barrios.

En el primer caso, la principal propuesta, “de la que hemos hecho bandera y que su necesidad está fuera de duda” es la aportación de 100.000 euros para un plan de diagnóstico del estado de los colegios públicos en Santander. “Los problemas son recurrentes y, si no se actúa, lo serán mucho más”, ha recordado, ante los constantes problemas en pabellones, patios e infraestructuras de diferentes centros educativos. “Es imprescindible comprobar el estado y las necesidades y, después, atendiendo a las competencias, que se ponga en marcha un plan de actuación con medidas correctoras de urgencia y las transformaciones de fondo, más a medio plazo”, ha matizado.

Como medida complementaria, Martínez ha insistido en una medida en la que su grupo lleva años insistiendo, junto a padres y madres, equipos directivos y otros agentes implicados en el proceso escolar. Se trata de la creación de un Plan de Entornos Escolares Seguros (PEES), cuya implantación ha fijado en 600.000 euros. “Es un precio perfectamente asumible, y su desarrollo en varias fases implicaría, sobre todo, una reordenación del tráfico, una señalización adecuada y limitación de acceso a vehículos particulares no imprescindibles”, ha explicado, ya que ha reiterado que “las situaciones de riesgo a las que se enfrentan muchos niños en el día a día son insostenibles”.

UN MILLÓN DE EUROS PARA QUE LA SVS ADQUIERA VIVIENDA PARA ALQUILER SOCIAL

En materia de vivienda, Martínez ha pedido destinar un millón de euros para que la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) adquiera inmuebles y los ponga a disposición de los santanderinos en régimen de alquiler asequible. “Necesitamos empezar a proponer medidas para solucionar un problema en boca de todos, pero que nadie acaba de querer afrontar”, ha insistido, poniendo en valor la SVS, “que es una herramienta infrautilizada, y que actualmente funciona como una promotora inmobiliaria, por lo que, con una buena reorientación, podemos crear, articular y gestionar un verdadero parque público de vivienda”.

Asimismo, y como medida a coste cero, el edil le ha planteado a la alcaldesa la implantación de un protocolo de actuación frente a desahucios, “un problema que sigue siendo relevante a pesar de que ya no tengan el foco mediático”, para que este sea incorporado al Plan de Vivienda, pendiente aún de presentación y elaborado por iniciativa de Izquierda Unida. “Queremos que el Ayuntamiento sea el mediador para atender a las familias que se vean en esta dramática situación”, ha insistido, por lo que ha pedido que esta herramienta se añada al convenio de 38.500 euros anuales que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con el Colegio de Abogados.

600.000 EUROS PARA “ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN DE LOS BARRIOS EN MOVILIDAD”

Un tercer punto, que en esta ocasión afecta a los barrios, es la instalación de marquesinas en las líneas de la periferia. “Hace poco se ha aprobado una modificación presupuestaria para instalar de 43 marquesinas pero, sabiendo la cantidad que falta, en el nuevo presupuesto no hay partidas para avanzar en la instalación de este equipamiento básico”, ha criticado. Por ello, ha propuesto incluir 600.000 euros para adquirir e instalar 20 marquesinas, “especialmente en zonas donde no está llegando lo mínimo, mientras que otras paradas del centro está sobredotadas de elementos que ya no necesitan”.

OTRAS PARTIDAS

De igual modo, IU ha planteado destinar 3.102.000 para elaborar un plan de aprovechamiento de agua de lluvia, “el cual es un recurso básico y lo estamos desaprovechando, está habiendo un derroche de agua potable, que en Santander se utiliza para baldear las calles, regar parques y jardines e incluso para las ducha de la playa”. Además, añade, el “impacto en términos de ahorro sería significativo”.

También ha propuesta que “deje de ser socorrida” la “única empresa municipal deficitaria en Santander”, que es la Plaza de Toros, y que la partida de 35.000 euros que inyecta directamente el Ayuntamiento se destine a “algo que verdaderamente podamos llamar cultura”, como es a mejorar la partida de adquisición de libros para las bibliotecas municipales. “Además, pedimos que se revisen las normas de adquisición para que el grueso de esa cuantía sea gastada en librerías de Santander y/o de Cantabria”, ha insistido, recuperando una reclamación que ya ha hecho a lo largo del primer año de esta legislatura.

Asimismo, hay una medida para la memoria histórica, “que es más que simbólica”. Y es que ha propuesto 1.000 euros para cambiar las placas y nombres de las calles que incumplen la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática. “Y es así, porque el verdadero paso debe ser la voluntad política. Sacar este asunto del Consejo de Cultura, desbloquearlo y ponerse manos a la obra. Si quisieran, lo tendrían cambiado en apenas semanas y mandaríamos al zafacón de la historia los elementos de exaltación franquista de nuestras calles”, ha insistido.

Otra cuestión que Martínez ha puesto encima de la mesa de la alcaldesa es aplicar la tasa turística en Santander. “Se trata de una medida para mejorar los ingresos, que calculamos que nos aportaría cerca de un millón de euros, y que no estaría sacado de los santanderinos”, ha recalcado.

“De nuestra buena voluntad no hay duda”, ha finalizado. “Esperamos que el equipo de Gobierno las atienda, porque son medidas más que razonables y una cifra perfectamente asumible”, ha insistido Martínez, que ha matizado que, si hay voluntad de que Santander mejore y lo haga con aportaciones de la oposición, la alcaldesa tiene toda a su favor para aceptar buena parte de las propuestas, que de eso trata también una negociación”.

[Audio]

Keruin Martínez, concejal de Izquierda Unida en Santander: