IU apuesta por combatir la pobreza energética con una tasa a las empresas comercializadoras de energía que ocupan suelo o vuelo público en los ayuntamientos.
Izquierda Unida llevará a los ayuntamientos la búsqueda de un “pacto político” para combatir la pobreza energética con fondos económicos procedentes de una tasa que se aplicaría a empresas del sector por el uso del suelo o recursos municipales.
La formación de izquierdas recoge así el guante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que había lanzado esta propuesta de implantar una tasa en los ayuntamientos para conseguir recursos con los que ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, ahora que el Tribunal Constitucional avala este tipo de medidas.
De modo que se trasladará esta propuesta en forma de mociones a los municipios en los que tiene representación, en concreto, casi una veintena de cargos públicos en ayuntamientos que representan a más del 60% de la población de Cantabria, y con concejales en equipos de Gobierno como en Cabezón de la Sal o San Vicente de la Barquera.
El portavoz de Izquierda Unida en Cantabria, Miguel Saro, apelaba a la “voluntad política” de los representantes en los municipios para que saquen adelante estas propuestas, que se harán llegar a otros grupos políticos, tras descartar que haya obstáculos jurídicos, al estar respaldada ya por ley, o económicos, al tratarse de una propuesta “rentable” para los ayuntamientos.
“Se trata de elegir si quieres beneficiar al lobby energético o si quieres beneficiar a tus vecinos”, aseveraba, reivindicando que el papel de los poderes públicos es conseguir un mínimo que garantice la supervivencia. “Si no lo hace el Estado, lo tendrán que hacer los ayuntamientos”, añadía.
“VOLUNTAD POLÍTICA”
Saro comparecía junto al representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Luis Cuena, quien criticaba el “absoluto desacoplamiento” en los últimos años entre la situación de las familias por la crisis y la subida de los precios de los suministros energéticos, que les ha “machacado” cuando peor estaban.
Cuena apelaba a la “voluntad política”, poniendo el ejemplo de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, que ya establecía que los beneficios de la tasa al servicio de agua se destinaran a colectivos en riesgo, o exenciones para estas situaciones.
En este caso, la tasa se liga a la ocupación del suelo o el uso del espacio municipal, después de que el Constitucional las
respalde. Ya hay ayuntamientos en Cantabria que la están implantando. La principal novedad es que se ligan las tasas a la lucha contra la pobreza energética.
Finalmente, desde la Plataforma por lo Público y Sin Recortes, Francisco Antolín mostraba su apoyo a esta iniciativa que pretende “que la gente más desfavorecida pase al primer plano”, y anunciaban que realizarán actividades didácticas para hacer llegar al conjunto de la sociedad este asunto.
EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA ESTAS TASAS
La posibilidad de cobrar una tasa a las empresas energéticas por el uso que hacen del suelo, el aire u otros recursos público ya venía recogida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo 20.
Sin embargo, pese a ser una posibilidad contemplada en la legislación estatal, no se había venido aplicando ante las trabas de las empresas del sector.
Hasta que, atendiendo a recursos judiciales de ayuntamientos que querían implantarlas, el Tribunal Supremo ha legitimado estas prácticas, lo que ha abierto la puerta a que los municipios que así lo dedican.
LA MOCIÓN
En el texto que se someterá a aprobación en los plenos de los ayuntamientos se pide que se realice un estudio técnico de las construcciones que atraviesen el municipio, así como un estudio económico para comprobar el impacto económico que sirva de base al desarrollo de una ordenanza por ocupación de dominio público o construcciones de instalaciones.
Esos ingresos deberían destinarse a prevenir y combatir la pobreza energética en los suministros básicos de las personas que determinen los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Se contemplan exenciones y bonificaciones a hogares vulnerables, como aquellos que reciban la Renta Social Básica, pensiones no contributivas, ayudas a la dependencia o los subsidios de desempleo o renta activa de inserción, etc.
En la moción se alerta sobre la “barbaridad” de la subida de precios de la energía “en plena ola de frío” y se piden políticas para “garantizar unos consumos mínimos vitales” a todas las familias, sin que la liberalización del sector eléctrico haya servido para abaratar los precios del suministro.
Por eso, reclaman mejoras en el bono social ya existente para que incluya factores como las condiciones de la vivienda o el nivel de ingresos, ya que ahora sólo se atiende a la potencia contratada y a la situación familiar y laboral.
Y citan experiencias en otros países en los que además de ayudas a colectivos vulnerables para el pago de facturas se toman medidas para “asegurar” el suministro, impidiendo la “desconexión” en momentos críticos como el invierno o a personas por razones de edad, salud o dificultades económicas.
POBREZA ENERGÉTICA
Se entiende como pobreza energética la situación de un hogar que no puede pagar el coste de los servicios de energía para satisfacer sus necesidades básicas de consumo.
Según el último estudio de Asociación de Ciencias Ambientales-ACA-sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5,1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos años – desde 2012 a 2014.
Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética.
Para el caso de Cantabria, el estudio arroja un porcentaje de entre un 10 y un 23% de pobreza energética, con una incidencia más acusada en las zonas rurales.
Estas situaciones tienen efectos en la salud de los afectados –y viceversa, las personas con problemas de salud son más susceptibles de sufrir pobreza energética–.
El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7.000 personas en esa época del año en todo el país.
A estos datos se suma que España es uno de los países europeos con los precios de la electricidad más alto, por detrás de Malta y Chipre, según datos de la asociación de consumidores FACUA.
La realidad de la pobreza energética está llevando a llamamientos a adoptar medidas por parte de instituciones como la Unión Europea.
Y según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%; la luz, el 34%; y el agua el 8,5%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuestas de media un 105,1% más.
[Audios]
Miguel Saro, Portavoz de IU Cantabria:
Luis Cuena, representante de de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético:
Francisco Antolín, representante de la Plataforma por lo Público y Sin Recortes:
[Vídeo]