Miguel Saro, candidato a la alcaldía de Santander, cree imprescindible remunicipalizar servicios como forma de abaratar su coste y así poder rebajar impuestos y tasas a los santanderinos. Para Saro la privatización del agua en la ciudad, de la que De la Serna fue el responsable directo junto a Gonzalo Piñeiro, es un ejemplo claro de afán de lucro por encima del interés general.
Izquierda Unida apuesta por la remunicipalización de servicios puesto que en su opinión no ha existido ninguna empresa de transporte, recogida de residuos o gestión del agua que haya emitido facturas más baratas para los santanderinos por el mero hecho de ser de carácter privado. “Es evidente que las empresas privadas anteponen sus intereses a los de la mayoría.”
Saro recuerda que la privatización de estos servicios esenciales han multiplicado el coste de las facturas de los santanderinos y también han repercutido de manera negativa en materia de empleo. “Sale más caro, se pierde empleo y el que se conserva es de peor calidad. Todos salimos perdiendo excepto las multinacionales para quienes actúan las empresas concesionarias.”
La formación recuerda que recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido una serie de sanciones por importe de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones sectoriales del sector de la gestión de residuos, recuperación de papel y cartón y demás actividades de saneamiento urbano como limpieza, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas entre 2000 y 2013. El 75% de la multa recae en grandes grupos constructores como ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y Saica. “Una multa que resulta como negocio “rentable” para dichas concesionarias al multiplicar dichas cantidades a través de los precios cobrados a los ciudadanos.” advierte Saro.
Además de las multas hacia las empresas, asegura el candidato, existen estudios y datos que confirman que la privatización generalizada de empresas por parte tanto del PP y como el PSOE no han servido como afirmaron para la bajada de costes por la competencia que se produciría. Al contrario, el Tribunal de Cuentas en un informe sobre el sector público local señaló que el coste por gestión directa de servicios de limpieza por parte de ayuntamientos ascendía a 16,23 € por habitante mientras que cuando estos son privatizados ascienden a 27,83 € por habitante, es decir, un incremento del 71% sin obtener mejor calidad del servicio.
“Abaratando costes podemos ahorrar más, crear más puestos de trabajo y que estos tengan mayor estabilidad y calidad.” afirman desde Izquierda Unida, en una ciudad con más de 15.000 desempleados. “Volver a lo público significa menor coste, más empleo y anteponer el interés general al de una minoría.”