Para Izquierda Unida de Camargo el consistorio ha dado la espalda a la ciudadanía, por una parte se les niega la posibilidad de contar entre los servicios públicos con un espacio de socialización y aprendizaje de los pequeños de 0 a 2 años y que además tendría que favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar; por otro se sigue privatizando espacios de todos por la puerta de atrás sin contar con la participación de nadie.
La publicación de la licitación del edificio situado en el Parque de Cros destinado a parque infantil, realizada por el ejecutivo del Ayuntamiento de Camargo en pasado mes de enero, es una prueba más de las políticas de expolio de los servicios públicos que está llevando a cabo el Partido Popular a todos los niveles, desde el nacional al local, y en todos los sectores.
La escuela infantil que supondrá para las arcas del consistorio unos 10000 € anuales por un periodo de 20 años, supone que una infraestructura pagada por dinero público pase a manos privadas por nada menos que dos décadas ¿Acaso eso no será herencia recibida? ¿Realmente se destinará ese canon al mantenimiento del complejo? ¿Por qué el Ayuntamiento no puede dar ese servicio de forma pública? ¿Los 30 millones de euros de presupuesto no pueden paliar este servicio -supuestamente deficitario- para garantizar la calidad del mismo a los camargueses?
Después de 3 años seguimos sin una escuela infantil en un municipio de más 30.000 habitantes. Desde Izquierda Unida seguimos abogando por un modelo participativo que el gobierno del Partido Popular ignora constantemente haciendo gala de su mayoría absoluta, de hecho nos hemos tenido que enterar por la prensa de la ejecución final de esta licitación.
En el pleno de diciembre, donde se aprobó finalmente la licitación los tres grupos de la oposición votamos en contra de la propuesta por entender que no se habían cumplido los compromisos informativos adquiridos por el equipo de gobierno y diferir en el planteamiento del proyecto. A lo que se nos respondió que una “guardería” pública con 22 plazas no era suficiente y nos remitían a subvenciones y ayudas –que irían a parar a más empresas privadas- sin precisar criterios –sobre todo económicos- arguyendo que no podían asumir más déficit – quizá con vistas a la reforma de la administración local que se nos viene encima- a pesar de los más de 30 millones de presupuesto municipal y el superávit de 586.000 anunciado a bombo y platillo.