La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 1/2013 de Cantabria que prohibía la técnica de fracking en nuestra comunidad, pone en evidencia el doble discurso que utilizan los partidos del parlamento cántabro aquí y en Madrid. Especialmente el PP, que deberá explicar por qué legisla de una forma en el Congreso en Madrid y lo hace de forma distinta en Cantabria en cuanto a la permisividad del uso de esta técnica extractiva.
Jorge Crespo, coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, ha sostenido que, mientras el PP ha reformado usando su mayoría en el Congreso , dentro de las competencias estatales, la Ley de Hidrocarburos estatal para facilitar la exploración de técnicas de extracción no convencionales, en Cantabria, obligada por la movilización social, prohíbe la técnica mediante un instrumento que carece de la suficiente seguridad jurídica. Para Jorge Crespo, “esto demuestra que los postulados de defensa del medio natural cántabro y nuestra salud son solamente cosméticos“.
Igualmente, carga contra los otros dos partidos del Parlamento, que según Crespo, han escondido sus pasadas vergüenzas con la aprobación de la ley declarada inconstitucional, alarmados por la movilización social. A juicio del coordinador, este hecho ha de poner a los cántabros sobre aviso y asumir la realidad de que sólo con la movilización se conseguirá parar esta técnica, es actualmente el único recurso con el que contamos para evitarla.
Asimismo, ante las recientes declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, donde asegura: “Si algún día se llega a hacer fracking en Cantabria, al día siguiente presentaré mi dimisión“, Jorge Crespo recuerda las que realizó el presidente cántabro Ignacio Diego de similar calado y se pregunta: “¿serán coherentes ante sendas afirmaciones cuando llegue el momento de tragar con la imposición de su ejecutivo nacional? ¿Por qué el gobierno del PP no se sitúa del lado de la ciudadanía o al menos respeta las decisiones tomadas democráticamente?”
Desde Izquierda Unida de Cantabria se seguirá trabajando para que el Estado sea territorio ‘libre de fracking’ y así proteger el patrimonio natural, el medio ambiente y la salud, apostando por un cambio de modelo energético que permita un desarrollo sostenible ya que la fractura hidráulica representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse y supone un modelo de desarrollo que conlleva graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura, ganadería y el turismo.